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Aprobado el anteproyecto de Ley de Transparencia del Gobierno

Sanciones de hasta 10 años a los altos cargos 'manirrotos' o 'falsarios'

> No afectará a la Casa Real porque no es una administración pública

viernes 23 de marzo de 2012, 14:26h
Los altos cargos 'malgastadores', 'falsarios' o, en definitiva, reconocidos 'malos gestores' podrán ser cesados e inmediatamente inhabilitados hasta con 10 años, según el anteproyecto de ley de transparencia, acceso a la función pública y código de buen gobierno aprobado este viernes por el Consejo de Ministros. Una ley que, por cierto, afecta a todas las instituciones del Estado menos a la Casa Real. El anteproyecto será publicado en la web del Ministerio de la Presidencia el próximo lunes, abriéndose un plazo de 15 días para consulta pública. "son medidas rigurosas frente a los que no gestionan bien y pueden conducirnos a situaciones como las que hemos vivido", ha dicho Sáenz de Santamaría en la presentación del anteproyecto.

- Lea la 'Ley de Transparencia' en la Referencia del Consejo de Ministros>>
Soraya Sáenz de Santamaría
Soraya Sáenz de Santamaría
Según ha subrayado la vicepresidenta primera tras la reunión del Consejo de Ministros, "España está dispuesta a cumplir en todas las administraciones con el objetivo de déficit" y el que incumpla el plan de ajuste, sea del Gobierno estatal, del autonómico o del local, tendrá que vérselas con la ley. Una ley en la que, según Soraya Sáenz de Santamaría, que por primera vez se eleva a rango legal un código de buen gobierno "para todas las administraciones".

El anteproyecto fija nuevas infracciones en materia de gestión: según Santamaría, muy graves, por ejemplo, serán las conductas contrarias al código de buen gobierno. Así, la administración de recursos sin cumplir con los planes establecidos, o la ausencia de justificación de inversión de los fondos de subvenciones, o no formular planes económico-financieros... podría dar lugar a la destitución de los cargos públicos que ocupen y su inhabilitación de hasta por 5 años.

Ahora bien, si los supuestos antes relatados son de "falseamiento u ocultación", los mismos serán considerados como delito y sancionados, además de con la inmediata destitución, con penas de inhabilitación de 10 años y multa. Y esto es válido para todas las instituciones del Estado y también para las empresas públicas.

Cuadro de transparencia y de sanciones
En la presentación de este anteproyecto, Sáenz de Santamaría ha calificado de "incumplimiento deliberado" por los gestores, por ejemplo, sustraerse de los planes y objetivos de deuda pública: cuando hay superávit se debe aplicar a reducir deuda, pero si se gasta y no se rebaja el nivel de deuda, "ahí hay un incumplimiento deliberado".

El anteproyecto va más lejos y fija los baremos para la retribución de los cargos de las administraciones locales; es decir, los sueldos para los alcaldes, concejales, presidentes de Diputación, etc., que serán fijados en los Presupuestos Generales del Estado de cada año, teniendo en cuenta los datos de cada municipio.

Una "peculiar" tramitación

La tramitación de este anteproyecto será "peculiar al ser novedosa". El trámite normal es su remisión al Consejo de Estado, la vuelta al Consejo de Ministros y su remisión y aprobación por las Cortes. Ahora bien, el procedimiento empleado para este anteproyecto prevé su sometimiento a audiencia pública -el lunes se conocerá en internet y los españoles tendrán 15 días para alegar-, recogida de aportaciones, vuelta al Consejo de Ministros, remisión al Consejo de Estado y órganos pertinentes y remisión final a las Cortes Generales.

Los tiempos de tramitación, por tanto, no son calculables, pero "queremos dar a esta ley agilidad", aunque por su naturaleza requiere un plazo de entrada en vigor.

De igual manera, "vamos a poner un portal de la transparencia" para que los ciudadanos puedan acceder a toda la información, así como el resto de las administraciones que podrán usa ese mismo o crear otro. Y asimismo, su ámbito de aplicación afectará a todas las administraciones, a todos los altos cargos de todas las administraciones -del Estado, local, autonómica- y empresas públicas.

Ley 'más importante' del programa de Rajoy

Según Sáenz de Santamaría, es una de las leyes "más importantes" del programa Rajoy, ya que leyes similares existen en la mayoría de los países europeos. "Refuerza la transparencia en las administraciones públicas" e "impone férreas obligaciones de buen gobierno", con sanciones penales a malos gestores.

La ley establece obligaciones de publicidad activa de todas las administraciones, las cuales podrán acceder a través de la web a información clave para velar por la transparencia: contratos con indicación de objeto, importe, procedimiento, adjudicatario y plazos; todas las subvenciones y ayudas públicas concedidas; los presupuestos con datos actualizados; las retribuciones de órganos superiores y directivos; las compatibilidades de altos cargos con actividades privadas, o la información estadística para comparar el grado de cumplimiento.

En definitiva, que permitirá conocer "cómo se contrata, se subvenciona, se retribuye a los cargos públicos, cómo se relaciona con otras instituciones".
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