No es que este miércoles
falten informaciones sobre
Urdangarín y sus andanzas. Pero probablemente uno de
los casos más llamativos de cuantos ofrecen los medios informativos este día es
el que protagoniza el Presidente del Supremo,
Carlos Dívar. Por la personalidad
del denunciado y del denunciante, por igual. El caso es, en pocas palabras, que
el vocal del Consejo General del Poder Judicial y catedrático de derecho penal,
José Manuel Gómez Benítez, ha
presentado este martes una denuncia en la Fiscalía General del
Estado contra el presidente
del Tribunal Supremo, Carlos Dívar, por una supuesta
malversación de fondos públicos. En la denuncia se acusa a Dívar de haber
pagado con fondos públicos, por un valor de casi 6.000 euros, el importe de
seis viajes de fin de semana a Marbella, entre septiembre de 2010 y noviembre
de 2011. Según Gómez Benítez estos viajes no tenían relación con actividades
vinculadas a su cargo como presidente del Tribunal Supremo y supusieron también
el desplazamiento a Marbella de varios escoltas con unos gastos que
sobrepasaban los 20.000 euros. La denuncia es llamativa y escandalosa, en estos
tiempos de austeridad y recortes, en los que cada vez se abordan con mayor
atención los casos de malversación de fondos públicos. El vocal del Poder
Judicial denunciante considera que Dívar ha podido cometer un delito de
malversación de caudales públicos al cargar a los presupuestos del Gobierno de
los Jueces gastos de viajes privados, siempre coincidiendo con fines de semana,
muchos de ellos ampliados a cuatro días, en hoteles de lujo de Puerto Banús
(Marbella, Málaga) y restaurantes caros. El citado vocal ya había propuesto hace varias semanas un plan
de austeridad para evitar despilfarros del organismo en los viajes. Finalmente,
ha, presentado un escrito ante el fiscal general del Estado, Eduardo Torres
Dulce, en el que explica que el presidente Carlos Dívar endosó al Consejo las
facturas de, al menos, seis viajes no oficiales, todos ellos realizados en
fines de semana entre septiembre de 2010 y noviembre de 2011 por importe de
5.658,88 euros y todos con el mismo destino: uno de los hoteles de lujo de
Puerto Banús. Gómez Benítez recuerda en su denuncia que el presidente Dívar "no
tiene su domicilio en Málaga, sino en Madrid, y no consta en los expedientes
[cuyos datos ha puesto a disposición de la Fiscalía] actividad oficial alguna
que los motive, y que estas actividades no suelen tener lugar los fines de
semana". Señala también Gómez Benítez que los gastos de desplazamiento,
alojamiento y manutención de los escoltas del presidente del Consejo General
del Poder Judicial (entre cinco y siete agentes) por estos viajes ascendieron a
26.741,85 euros y que, aunque "deben legalmente ser cargados al presupuesto del
Consejo, se incluyen en el escrito porque son indicativos del gran costo que
estos desplazamientos de fines de semana con tan elevado número de escoltas
suponen para la Hacienda Pública". El escrito de Gómez Benítez precisa que la
denuncia presentada ante la Fiscalía General del Estado sólo abarca estos seis
viajes, no porque no haya más desplazamientos de fin de semana a la ciudad de
Marbella entre septiembre de 2008 y septiembre de 2010 y posteriores a
noviembre de 2011, sino porque, a pesar de que el vocal solicitó formalmente a
los órganos del Consejo la documentación correspondiente, todavía no le ha sido
proporcionada.
¿Y ahora, qué puede o debe
suceder? Ahora, se si el fiscal general del Estado considera que los hechos
denunciados son constitutivos de delito, deberá presentar una querella ante la
Sala Segunda del Supremo, que es la competente para instruir un proceso contra
el presidente del propio Supremo y del Consejo del Poder Judicial. En efecto,
los hechos descritos podrían constituir un delito del artículo 433 del Código
Penal, que sanciona con multa de 6 a 12 meses y suspensión de empleo o cargo
público entre 6 meses y 3 años, a la autoridad que destinare a usos ajenos a la
función pública los caudales o efectos puestos a su cargo por razón de sus
funciones. Gómez Benítez es vocal del Poder Judicial elegido a propuesta del
PSOE. Dívar es presidente del Consejo y del Supremo también a propuesta del
Gobierno socialista que presidía José Luis Rodríguez Zapatero previo acuerdo
con el Partido Popular. El cese de un presidente del Supremo y del Poder
Judicial se puede producir, según establece el artículo 126 de la ley que
regula el funcionamiento de este organismo, "a propuesta del pleno del Consejo,
por causa de notoria incapacidad, o incumplimiento grave de los deberes del
cargo, apreciada por tres quintos de sus miembros". Llama la atención, en el
relato que proporciona El País, que, aunque Carlos Dívar se desplaza en AVE,
clase club, de Madrid a Málaga y de nuevo regreso a Madrid, luego llega a
emplear en su séquito hasta tres coches oficiales en Marbella, que obviamente
se habían desplazado previamente por carretera. También es muy llamativo que
prácticamente todas las noches durante esos fines de semana, Dívar tiene cenas
protocolarias o de representación y que siempre son únicamente para dos
personas en restaurantes de lujo. Aunque desde Presidencia se incorporó al
expediente una nota con los supuestos motivos de los viajes, Gómez Benítez
señala en el escrito que, tanto la nota como los justificantes de esos gastos,
han sido retirados. El País ha preguntado a Gómez Benítez la razón de que
presentase ahora esta denuncia. "He puesto los hechos en conocimiento del
fiscal general del Estado porque tengo la obligación legal de hacerlo", respondió.
"Y no quiero que nadie sospeche que estoy encubriendo este tipo de conductas
una vez que se sabe que tengo conocimiento de las mismas", precisó. Y
añade: "En mi denuncia hay datos que
ponen de relieve conductas más propias de personajes de una monarquía bananera
que de un país moderno que se encuentra además en serias dificultades
económicas". Ahora, la función de investigación le corresponde al fiscal
general del Estado y él deberá decidir si los indicios son suficientes para
iniciar una causa penal. El caso podría llegar a provocar el cese de Dívar,
bien por renuncia o por decisión de tres quintos de los miembros del Consejo.
También ha sido consultado el presidente del Supremo y del Poder Judicial,
Carlos Dívar, sobre la acusación: "Tengo los recibos y los puedo
presentar". dijo Dívar, cuando El País
le llamó para que ofreciera su versión de los hechos sobre la denuncia
presentada por el vocal Gómez Benítez. Dívar indicó que no conocía la
existencia de la denuncia, ni el fiscal general del Estado le había llamado
para comunicarle su presentación, pero aseguró que las facturas de sus gastos
por viajes privados las había pagado él.
"No es cierto que haya cargado gastos privados al Consejo. Los he pagado
yo. Tengo los recibos y los puedo presentar". "Los actos oficiales son
distintos, lo otro lo he presentado perfectísimamente". Finalmente, fuentes del
Consejo añadieron que esos gastos "fueron fiscalizados por la interventora del
Estado". El fiscal deberá ahora comprobarlo...
El asunto, de momento, la
denuncia, tiene muy notable relevancia y puede tener efectos y consecuencias en
los próximos días.
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