¿Nadie es responsable?

Tanto se habla, se escribe, se pontifica y se especula con la situación de la economía del Estado español y de sus Comunidades Autónomas, de sus interrelaciones con las economías griega e italiana, de la posibilidad de que haya que crear un "corralito" para evitar la fuga de capitales, etc, que parece que el sector de la sociedad española no afectado directamente por la crisis económica  se ha blindado frente a la catarata de noticias ingratas que se reciben a diario. Y cuando ya parecía que habíamos digerido la grave situación de endeudamiento de nuestras administraciones y nos habían martilleado los oídos durante cuatro meses con la herencia recibida y aceptada, ahora  descubren los ciudadanos que una parte del sector financiero español está en una grave situación como consecuencia de operaciones crediticias arriesgadas o imprudentes, al financiar muy por encima de su capacidad económica los millares de operaciones inmobiliarias acometidas desde el principio del milenio y los proyectos desmesurados de muchos políticos que querían dejar su impronta para la posteridad.

 La legislación urbanística desarrollada  por las Comunidades sobre la ley  6/1998 de 13 de abril sobre Régimen del Suelo y Valoraciones, que relajaba sustancialmente la disciplina urbanística y, por otra parte, los convenios de los ayuntamientos con los promotores inmobiliarios, fuente sustancial de ingresos durante estos años, metieron a unos y otros en una dinámica de gasto, y no solo inversión, que parecía inagotable y abrió la puerta al recurso a la deuda y a derivar hacia los proveedores las cargas financieras en muchos casos. Esta situación ya se había dado en ocasiones anteriores, pero en unas magnitudes muy inferiores, por lo que la Administración central pudo auxiliar a las corporaciones locales endeudadas. Ahora ha sido mucho más grave: con independencia de maniobras más o menos oscuras o dudosas que han jalonado los puntos más intensos del crecimiento urbanístico, las elecciones locales distribuyeron culpas o éxitos entre los responsables políticos, aunque poco ha influido en el sentido del voto la situación financiera de las instituciones o la lenidad en la aplicación de las leyes urbanísticas y del sentido común y solidario. El caso es que la generalidad de los ayuntamientos están muy endeudados y comprometidas la ejecución de obras y prestación de servicios durante los próximos años.

Otro tanto cabe decir de entidades financieras que han tenido que ser socorridas, fusionadas o intervenidas, y que aún no sabemos de la valoración de sus activos, ni de la suerte que correrán sus posiciones en deuda ni de los resultados finales de un saneamiento que no hubiera sido necesario con buenas prácticas bancarias. La Bolsa se sigue desplomando ante las perspectivas negativas de las empresas y la huída del dinero a otras latitudes que parezcan más seguras. Los fondos y grandes poderes financieros toman el rumbo de los países emergentes o simplemente de los países serios. En el nuestro puede hundirse la total estructura financiera o la empresa más sólida, pero no se encuentran responsables, ni se exigen responsabilidades por negligencias o impericia. Nadie parece que se enteró de la mala situación por la que atravesaban determinadas empresas. Aquí, apunten, los responsables son otros.