"Los debates que duraron casi seis años se cerraron el 3 de octubre con la última audiencia, en esa ocasión el juez (Ángel Arteaga) dijo que dictará sentencia en un tiempo prudente por cuanto se trata de 98 expedientes. Tiene un plazo procesal de 45 días que aún no venció", dijo Ramos.
El fiscal explicó que, inclusive, el juez 2do Penal Liquidador, Ángel Arteaga, puede solicitar una ampliación de plazo por escrito, que de no pronunciarse en el tiempo establecido perdería competencia y el caso pasaría a otro que asuma la responsabilidad para su continuidad.
"El juez perdería competencia y esto pasaría a otro juez, entonces el proceso continuaría. No prescribe", puntualizó el representante del Ministerio Público.
Añadió que como parte querellante contra los 17 acusados están los familiares del desaparecido líder socialista Marcelo Quiroga Santa Cruz y de Carlos Flores Bedregal, ambos asesinados durante la dictadura de García Meza, que asumió el poder vía golpe de estado del 17 de julio de 1980.
Los acusados, entre militares y policías, son; Franz Pizarro Solano, Felipe Froilan Molina Bustamante, José Luis Ormachea España, Raúl Solano Medina, David Humberto Alarcón Romero, César Altamirano Lavadenz, Gualberto Serrado, Rogelio Gómez Espinoza, Faustino Rico Toro, Willy Arriaza Monje, René Javier Hinojosa (militar fallecido).
Además de los civiles Joaquin Quisbert Quiroga, Marcos Herminio Mena Vargas, Damián Gutierrez Castro, Sebastián Quispe Apaza, Adolfo Ustarez Ferreira (paramilitar), José Gregorio Rosa Balsa.
Remarcó que no todos los acusados son por homicidio, pero si de alzamiento armado, encubrimiento, asociación delictuosa o terrorismo, sedición, falsedad material y otros.
Sin embargo, indicó que la gravedad de las acusaciones, entre ellos por asesinato, recae sobre Franz Pizarro Solano, Froilan Molina Bustamante y José Luis Ormachea, todos militares, para quienes el Ministerio Público pide una pena máxima de 30 años de cárcel.
"Este caso tiene un retraso desde el 2001, cuando se iniciaron las plenarias hasta el 2007, donde finalmente concluimos con los alegatos de la acusación y la defensa, por lo que sólo se espera la sentencia del juez, ya que los debates se cerraron el 3 de octubre", continuó el fiscal Ramos.
EXIGENCIA
Entretanto, la Asamblea de Derechos Humanos de La Paz (APDHLP), el Defensor del Pueblo y familiares de las víctimas de la dictadura garciamezista, exigen 30 años de cárcel sin derecho a indulto a los cómplices no procesados.
Hace 10 años, esas instituciones iniciaron un proceso judicial contra esas personas que no fueron incluidas en el juicio de responsabilidades contra Luís García Meza y Luís Arce Gómez, quienes en abril de 1993 fueron sentenciados a 30 años de cárcel sin derecho a indulto, junto a otros autores del golpe de estado del 17 de julio de 1980.
El juicio iniciado en 1997 y realizado casi en el olvido, se encuentra en el Juzgado 2do. Penal Liquidador, donde ya pasó pruebas de cargo y descargo, etapa del alegado fiscal, los alegados de los querellantes y de la defensa, quedando pendiente sólo la sentencia contra quienes participaron en el asalto a la sede de la Central Obrera Boliviana (COB).
Ante esa situación, el Defensor del Pueblo Waldo Albarracín, junto a Olga Flores, hermana de Carlos Flores Bedregal (asesinado junto a Marcelo Quiroga Santa Cruz y Gualberto Vega Yapura en el asalto a la sede de la COB) y Ximena Prudencio, abogada de la familia de Quiroga Santa Cruz, dijo que las instituciones judiciales tienen una deuda histórica pendiente con la democracia.
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