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La 'regresiva' ley sólo va a producir 'inseguridad ciudadana'

UGT tilda de 'regresivo' y 'franquista' a Ruiz-Gallardón por su ley de tasas

UGT tilda de 'regresivo' y 'franquista' a Ruiz-Gallardón por su ley de tasas

- Los nuevos parados 'costearán' su subsidio con 500 euros si reclaman, 800 en segunda instancia

miércoles 21 de noviembre de 2012, 14:43h
La Federación de Servicios Públicos (FSP) de UGT ha rechazado tajantemente la nueva ley de tasas judiciales aprobada por el Gobierno del Partido Popular. Una ley de Ruiz-Gallardón a la que tachado de "regresiva y franquista". El sindicato recuerda que las tasas judiciales se impusieron en la España franquista de 1959 y las suprimió el Gobierno de Felipe González en 1986 mediante una ley que apelaba, precisamente, al derecho constitucional a obtener la tutela judicial efectiva.
En aquel momento, la norma aprobada por el Gobierno socialista de Felipe González recordaba que todos los ciudadanos deben obtener justicia "cualquiera que sea su situación económica o posición social". Una gran conquista y avance democrático que ahora a golpe de ley de tasas hemos perdido con el reforma que ha hecho el Gobierno de Mariano Rajoy, y particularmente su aún ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón.

Según señala UGT, la ley de tasas de Gallardón vulnera el artículo 24 de la Constitución, que asegura que "todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que en ningún caso pueda producirse indefensión".

La doctrina del Tribunal Constitucional, siguiendo a los tribunales europeos, dice UGT, sólo admite las tasas en el ámbito de la justicia cuando por su importe no impidan el acceso a la jurisdicción por motivos económicos y ése va a ser el efecto que va a producir la nueva ley de tasas: indefensión ciudadana, por no poder costear el elevado coste de nuestra defensa jurídica. Además la ley vulnera el concepto mismo de tasa que establece la propia Ley General Tributaria y que la define como el pago que una persona realiza para sufragar los gastos que ocasiona por el uso de un servicio público.

En el momento actual, con una tasa de desempleo del 25 %, reclamar por un despido en lo social costará 500 euros y en segunda instancia puede llegar a 800 euros. En Civil, cualquier pleito civil costará 2.000 euros y bastante más sólo la demanda.

Para UGT, con análogas cantidades en contencioso-administrativo; y en la jurisdicción social, fundamental en la defensa de derechos básicos, el trabajador o el pensionista para recurrir una sentencia desfavorable pagará 500 euros. Estas tasas operan en todas las jurisdicciones excepto la penal, para todas las personas físicas sin derecho a justicia gratuita (éstas son sólo familias con ingresos de 1200 €/mes) y las jurídicas. La única excepción: el Estado en todas sus formas, y el Fiscal.

Esta ley supondrá de facto, según el sindicato socialista, el fin de Derecho del Consumo (se beneficia a las compañías telefónicas, aéreas y demás empresas que sistemáticamente abusan de los consumidores) y de la protección contra la arbitrariedad del Estado que confiere la jurisdicción contencioso-administrativa.

En ese sentido, el sindicato se pregunta ¿quién recurrirá una expropiación injusta o reclamará por error médico en la Sanidad Pública, teniendo que poner de su bolsillo esas cuantías elevadísimas, o quién recurrirá una multa de tráfico arbitraria de 200 euros cuando tiene que pagar de tasas el doble?

UGT considera muy grave la aplicación de ley, la cual dispone que el Estado no pague tasas, a las empresas les resulta irrelevante tanto la tasa como cualquier otro gasto procesal, pues se deducen tanto las tasas como el IVA de sus abogados y procuradores al 21 % y las minutas completas de éstos, mientras la ciudadanía asume tasas, IVA, gastos y minutas.

 
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