Las familias de los tres jóvenes, dos de ellos menores, fallecidos en un accidente de tráfico el 3 julio de 2008 en una carretera de Granada recurrirán ante el Tribunal Supremo el indulto parcial concedido por el Gobierno que implicaba que el conductor condenado por los hechos no tuviera que entrar en prisión.
Así lo ha informado este jueves en rueda de prensa
Manuel M. Ocaña, director del departamento de Derecho Penal del despacho de abogados que representa a estas familias, que se sienten "indignadas" con la conmutación de la pena privativa de libertad otorgada recientemente y que redujo a dos años de prisión la condena impuesta a Rafael H.G.
Según Ocaña, aunque el indulto parcial resulta "irrevocable", la Sala de lo Contencioso Administrativo del Supremo podría "revisarlo" al haberse concedido mediante un Real Decreto, que puede considerarse un "acto administrativo" y que fue publicado en el Boletín Oficial del Estado el pasado 21 de diciembre.
A pesar de ser una decisión en la que el Consejo de Ministros tiene "un amplio margen", ha explicado, el Supremo podrá "al menos" revisar si se cumplieron todos los elementos "reglados y necesarios" para la referida medida de gracia.
Con este recurso, que formalizarán en las próximas semanas, pretenden que el Supremo determine la "no ejecución" de los efectos del indulto, que al conmutar la pena impuesta al condenado por otra de dos años de cárcel se traduce en la práctica en que no tenga que ingresar en prisión por carecer de antecedentes penales.
Ocaña ha explicado que existen antecedentes de admisión a trámite de aspectos relaciones con indultos por parte del Supremo, pero no de revocación de los mismos, por lo que espera que el presente caso pueda sentar un precedente.
Además ha considerado que, para un indulto, debe tenerse en cuenta el grado de arrepentimiento del beneficiario, cuestión que no observa en el conductor condenado por estos hechos quien, ha añadido, "tras desgraciar a tres familias de esa manera" no ha adoptado una "actitud de absoluta discreción y respeto al dolor de las víctimas".
El abogado recuerda también que la norma en la que se ampara el Ministerio de Justicia para otorgar indultos es una Ley que data de 1870 -aunque posteriormente reformada en 1988- que actualmente se sigue aplicando pese a generar "espacios de impunidad" no sometidos al control de los jueces.
Llegarán hasta "donde haga falta"
Por su parte,
Manuel Hidalgo, padre de uno de los fallecidos, ha vuelto a mostrar su indignación por la medida del Gobierno y ha asegurado que llegarán hasta "donde haga falta", incluso con huelgas de hambre o encadenamientos, para que se haga justicia.
El portavoz de las familias, que tienen cerca de una decena de procedimientos judiciales cruzados con el conductor, considera que éste además les está provocando, sintiéndose "vivo y omnipotente" con la actitud que mantiene en el pueblo donde todos residen,
Huétor Santillán.
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