Otros 4 empresarios imputados por la 'trama Gürtel' declararán ante el juez Ruz

Los cuatro imputados son Juan Ignacio Hernández Rodríguez, del grupo Elba; Antonio Martín Sánchez, vinculado a la entidad MQM, así como Carmen Moreno Crespo y Carmen García Moreno, administradoras ambas de distintas sociedades pertenecientes al grupo Rafael.

Todos ellos pertenecen a sociedades adjudicatarias de contratos de la Comunidad de Madrid y, según el juez, podrían ser cooperantes en los delitos que se investigan respecto al imputado López Viejo: prevaricación, cohecho, malversación, fraude y contra la Hacienda Pública.

Como testigos han sido llamados a declarar la que fuera jefa de secretaría de López Viejo, Carmen García Expósito; una persona que firmó una propuesta de adjudicación para el Parque Forestal del Sur y el exdirector de Servicios Generales de la Academia de Policía Local de Madrid Javier Peña.

En el auto en el que Ruz acordó estas citaciones, a petición de la Fiscalía Anticorrupción, señalaba que los pagos que supuestamente hizo la trama Gürtel a López Viejo fueron por "la adjudicación irregular de actos y contratos públicos por distintas entidades y consejerías de la Comunidad Autónoma de Madrid".

Según el juez, López Viejo tuvo "conocimiento" de las operaciones de la red para "ocultar la reiterada e incorrecta adjudicación de eventos a sociedades de Francisco Correa (presunto líder de la trama), facilitar el fraccionamiento de los contratos y simular una concurrencia entre distintas sociedades realmente vinculadas al mismo grupo".

Estas adjudicaciones supuestamente irregulares se hacían no solo por parte de mercantiles directamente relacionadas con Correa, sino también a través de "otras" sociedades "con la connivencia de sus gestores -a cambio de una comisión, bien fija bien variable, de entre el 5 y el 11,5 %- y con conocimiento de Alberto López Viejo".

Ruz dictó este auto basándose en un informe de la Unidad de Auxilio Judicial de la Audiencia Nacional, que reveló que la Comunidad de Madrid fraccionó entre 2004 y 2007 adjudicaciones por 3,1 millones de euros en 104 contratos menores (de menos de 12.000 euros) para evitar que se sometieran a concurso público.

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