Todo un Gobierno bajo sospecha

Mientras la plana mayor del PSOE y todos sus portavoces mediáticos siguen arremetiendo contra la juez Mercedes Alaya acusándola de tener "hilo directo" con el PP y de utilizar sus autos con fines políticos, cualquiera que haya seguido el caso de los EREs fraudulentos desde que los directivos del Grupo La Raza denunciaron el chantaje que pretendían hacerle con la concesión de la Escuela de Hostelería de Mercasevilla, y de eso hace ya más de cuatro años, ha podido comprobar que la magistrada ha sido todo un ejemplo de instrucción minucosa y seria. Si de algo no se le puede acusar es de lentitud o dilación después de que la propia Junta de Andalucía haya intentado boicotear repetidamente las investigaciones negandose o retardando sine die la petición de la documentación exigida. Porque el Caso de los EREs ha sido una especie de mancha de aceite que se ha ido extendiendo por numerosos entramados que van desde la propia Administración y diversas empresas públicas a los sindicatos y a consultoras y aseguradoras que actuaban como comisionistas. Una red tan espesa, tan tupida y tan amplia que, en buena lid, se hubiese necesitado todo un equipo de instructores a tiempo completo para llegar hasta donde ha llegado Alaya en la más absoluta soledad en estos cuatro años. En este aspecto, Alaya no sólo no se merece las críticas que le están haciendo los socialistas y otras altas instancias judiciales, sino que debería ser premiada por su constancia, seriedad y tesón.

De momento, y todavía queda mucha tela que cortar, las cifras de la trama de los EREs asustarían a cualquiera. Más de ciento cuarenta millones de euros defraudados, noventa y tres imputados, de ellos veinticuatro miembros o ex miembros de los Ejecutivos de Chaves o Griñán, ciento dos expedientes de intrusos falsos en sesenta y tres empresas, decenas de miles de folios de instrucción, una docena de encarcelados o en libertad bajo fianza y, lo que puede ser decisivo, un presidente y un ex presidente de la Junta, Pepe Griñán y Manuel Chaves, respectivamente, bajo la amenaza de poder ser imputados el día menos pensado. Un escándalo que no tiene precedente alguno no sólo en Andalucía, sino en ninguna de las diecisiete comunidades que conforman el Estado español. Ni siquiera en la época negra de Felipe González, cuando se destaparon los casos Filesa, Juan Guerra, Roldán, Gal o Mariano Rubio, un Gobierno se ha visto tan "tocado" por una investigación judicial.

La pregunta que yo me hago es ¿qué ocurriría si un par de ministros del Ejecutivo de Mariano Rajoy y una veintena de secretarios de Estado y directores generales fuesen imputados en algún caso de corrupción? Estoy absolutamente convencido de que no sólo el PSOE y toda la oposición sino una gran mayoría de los españoles estaríamos pidiendo la disolución de la Cámara y la convocatoria, ya, de unas nuevas elecciones generales. Pues bien, en Andalucía, la juez Mercedes Alaya ha imputado ya a una ex ministra y ex consejera (Magdalena Álvarez), a un ex consejero (Antonio Fernández), a cinco viceconsejeros (José Salgueiro, Gonzalo Suárez, Jesus M. Rodríguez, Agustín Barberá y Justo Mañas), a once directores generales (Francisco Javier Guerrero, A. Vicente Lozano, Buenaventura Aguilera, Antonio Lara, Francisco Mencía, Miguel Angel Serrano, Antonio Valverde, Pablo Millán, Juan Vela, Juan Márquez y Daniel Alberto Rivera), a cuatro secretarios generales (Antonio Estepa, J.F. Sánchez García, Javier Aguado y Lourdes Medina) y a dos interventores (Manuel Gómez y Juan Alonso Luque). En total, 24, de momento. Y no pasa nada. Nadie pide responsabilidades, al contrario, Pepe Griñán se permite el lujo de anunciar su retirada de la política activa, de darle lecciones de instrucción de autos a la jueza y dedica su tiempo y el de varios de sus consejeros, a un paripé de primarias del PSOE-A, como si los andaluces no tuviéramos otros problemas en los que gastar nuestras cada día más escasas energías.

Solo queda esperar al mes de septiembre cuando, una vez concluídas las vacaciones veraniegas, la juez Mercedes Alaya, retome su trabajo en el Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla y continue estrechando el cerco a la cúspide de lo que ella misma llamó "pirámide de la corrupción". Veremos si entonces si son citados otros responsables políticos del escándalo de los EREs como Manuel Chaves, Gaspar Zarrías, José Antonio Viera o el propio Pepe Griñán, todos ellos aforados. Si así fuese, sería el momento de que Griñán, con su sucesora Susana Díaz ya nombrada a dedo, con el Caso ERE en manos del Tribunal Supremo y coincidiendo quizás con las elecciones europeas, decidiese disolver el Parlamento y convocar elecciones anticipadas. Todo es posible en esta "Andalucía la que divierte", como decía mi admirado Pepe Suero.