La superjueza mediática

Pueden decir lo que quieran de ella, pueden acusarla de manipuladora, de sectaria, de parcial, de diva, de engreída, de hermética, de distante, de todo lo que quieran, de lo que no cabe la menor duda es que la magistrada titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Carmen Alaya Rodríguez, nacida en Écija hace 40 años, domina al dedillo su profesión y se conoce todos los recovecos legales que puede conllevar un caso tan complicado y denso como es el de los EREs fraudulentos de la Junta de Andalucía en el que las presiones políticas y judiciales pueden acabar de un plumazo con su carrera. Desde que comenzara la instrucción de la causa, hace ya más de tres años y medio cuando los empresarios de La Raza denunciaron el supuesto chantaje que pretendía hacerles un alto cargo socialista con la Escuela de Hostelería de Mercasevilla, Alaya ha mostrado una profesionalidad y una dedicación plena con jornadas de cuarenta y ocho horas ininterrumpidas de toma de declaraciones y una meticulosidad en sus autos que no ha podido ser rebatida ni siquiera por prestigiosos juristas que han intentado por todos los medios que fuese apartada del mismo.

Miles y miles de folios de instrucción, más de ciento veinte imputados, miles de horas de trabajo y vigilia e innumerables investigaciones de la Policía y de la Guardia Civil, han convertido el Caso de los EREs fraudulentos en uno de los sumarios más complejos de de nuestra moderna historia y, sin duda alguna, en el escándalo de corrupción política más enorme de toda la democracia andaluza y, por ende, española. Nunca ningún juez se había atrevido a solicitar la posible imputación de dos ex presidentes de la Junta, de una ex ministra, de media docena de consejeros del Ejecutivo andaluz y de una veintena de altos cargos de la Administración autonómica. Y es que diez años continuados de expolio, a través de la partida 31L conocida también por el apelativo de "fondo de reptiles", de los caudales públicos destinados a los parados y de desvío de fondos de cerca de mil millones de euros a bolsillos particulares o a las arcas del partido, dan para mucho y deberían provocar la vergüenza de una clase política que lleva varias décadas utilizando el dinero de todos los andaluces a su antojo en beneficio propio como si se tratara de un cortijo particular, de un señorío feudal o de un régimen propio de las dictaduras más aborrecibles.

No sé si Chaves o Griñán son culpables de ello. Ni lo sé ni me interesa. Lo que sí sé es que ellos eran las cabezas visibles, los presidentes de unos Gobiernos elegidos por el pueblo que permitieron, por acción u omisión, que se defraudaran cientos de millones de euros en una comunidad en la que el paro, la pobreza y la miseria llevan batiendo records desde que se instauró la democracia. Era algo evidente que, antes o después, las investigaciones policiales apuntaran hacia los presidentes de la Junta que, además, eran secretarios generales de su partido en Andalucía. Solo alguien cegado por el sectarismo o la dependencia política era capaz de cerrar los ojos ante una evidencia tan diáfana.

La novedad del último auto de la juez Alaya radica en la utilización de un vericueto legal para acusar, que no imputar, a dos ex presidentes de la Junta y a cuatro consejeros que son aforados y darles la posibildad de que utilicen los recursos de la defensa ante ella antes de que el caso pueda pasar a manos del Supremo o del TSJA. Y es que también es lógico pensar que Alaya, después de tantas horas de tabajo, no quiera soltar un caso que, evidentemente, la ha colocado en el escaparate mediático. En cuanto al "tempo" elegido, es cierto que sus autos más sonados han coincidido con momentos claves del Gobierno de Griñán y de su sucesora, pero no lo es menos que han sido estos mismos Gobiernos los que han provocado retrasos y dilaciones en la instrucción al no facilitar en su momento los datos exigidos por la magistrada.

Así las cosas solo cabe esperar que la Fiscalía analice con detenimiento el auto y concluya que se ajusta a Derecho y que tanto el TSJA como el Consejo General del Poder Judicial no traten de condicionar las actuaciones futuras de Alaya. Porque podría tener razón la ex ministra de Fomento, Magdalena Álvarez, al considerar que sus supuestos actos punibles podrían haber prescrito. La incógnita sigue sobrevolando una instrucción que se plantea larga y complicada y en la que Mercedes Alaya puede aún utilizar algunos mecanismos para lograr que el Caso de los EREs fraudulentos continúe mucho tiempo en sus manos. Habrá que estar atentos.