Más
de un político, y más de un jurista, piensa que con la sentencia del Tribunal
Europeo de Derechos Humanos (TEDH) de Estrasburgo el Gobierno de Mariano Rajoy
tiene ahora las manos libres para establecer una nueva política penitenciaria
con respecto a los presos de ETA. Es decir, que el fallo de Estrasburgo sobre
la 'doctrina Parot', que hay cumplir, le ha liberado de las 'ataduras' con las
que el PP estaba ligado a las asociaciones de víctimas del terrorismo.
Este
martes, en un desayuno informativo en Madrid, el fiscal general del Estado,
Eduardo Torres-Dulce, no ha querido entrar en si el fallo de Estrasburgo beneficia
al Gobierno de Rajoy en el sentido de poder aplicar sin ataduras una política
nueva de acercamiento de presos etarras con el fin de acelerar las disolución
de ETA: "La Fiscalía no tiene nada que decir", aseguró, pero es evidente que el
Gobierno tiene ahora menos ataduras en ese sentido.
Para
Eduardo Torres-Dulce, la Fiscalía "no ha hecho ni va a hacer la parte de política que
le corresponde al Gobierno de la Nación", pero el fiscal general parece dar por
hecho que el acercamiento, y excarcelación en su caso, de presos, es una decisión
política y que esa decisión podría darse si existe voluntad gubernamental al
respecto. A nadie se le pasa por alto que la sentencia de Estrasburgo sobre la 'doctrina
Parot' constituye una excelente excusa.