Bruselas quiere actuar contra amenazas para la democracia en la UE... ¿con la mirada puesta en España?

"Queremos el diálogo con los Estados miembros antes de emprender sanciones", ha dicho el presidente de la Comisión Europea, José Manual Durao Barroso, en una rueda de prensa junto a la comisaria de Interior, Cecilia Malmström, y la responsable comunitaria de Justicia, Viviane Reding, ofrecida en Estrasburgo (Francia) para presentar la propuesta.

Barroso ha asegurado que esta iniciativa no pretende reclamar más poder para el Ejecutivo comunitario, ni convertirlo en el único garante del respeto de los derechos democráticos en la Unión Europea, pero ha defendido que la Comisión tiene la "autoridad moral" para actuar en estos casos, "respetando la subsidiaridad" de otras autoridades.

A este respecto, Reding ha destacado que Bruselas "no tiene la ceguera de intereses partidistas, ni nacionales" y ha subrayado que el nuevo marco fijará criterios objetivos aplicables "por igual a todos los Estados miembros, grandes o pequeños", y que "sólo se activará si hay riesgos sistémicos".

Este mecanismo "no está pensado para situaciones individuales ni errores judiciales", ha advertido Reding, también vicepresidenta del Ejecutivo comunitario, que se ha quejado de que en el pasado ha tenido que recurrir a la "imaginación" para actuar ante casos para los que se ha pensado el mecanismo, en alusión a los cambios constitucionales promovidos el pasado año por Hungría.

"Actuaremos de forma más rápida y sin vacilaciones", ha insistido Reding, quien ha explicado que la actuación de Bruselas estaría articulada en tres fases, la primera de ellas pensada para entablar un diálogo con el país afectado y basada en una evaluación previa que identificara un riesgo sistémico.

El segundo paso sería ofrecer recomendaciones sobre el Estado de derecho y "dar un plazo determinado (al Estado miembro) para corregir" las disfunciones. Sólo si Bruselas concluye que no se están aplicando las recomendaciones ni protegiendo los derechos europeos, entonces actuaría para activar el Artículo 7 del Tratado de Lisboa, un "botón nuclear" que dejaría sin derecho de voto al país infractor.

En el marco de la estrategia europea en cuestiones de Justicia e Interior, la Comisión también ha repasado los retos para los próximos años, entre los que la comisaria Malmström ha señalado la inmigración. La comisaria ha pedido a los gobiernos europeos "valentía política" para abordar este asunto y ha reiterado su apoyo a un sistema de visados "más flexible" para los emigrantes "económicos" que quieren entrar en la Unión Europea, al tiempo que ha apelado a la "solidaridad y responsabilidad" de los Estados miembros en materia de asilo para evitar tragedias como la muerte de inmigrantes que se ahogan en el Mediterráneo cuando tratan de llegar a las costas europeas.

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