Unas reformas legislativas que pretenden reforzar el control de la financiación de los partidos y el ejercicio de los altos cargos y sobre las que la oposición, sin embargo, tiene sus dudas.
En una carta que envió a los grupos,
Sáenz de Santamaría explicó que deseaba escuchar sus sugerencias y propuestas para afrontar el problema de la corrupción, que ha sufrido un fuerte repunte en la lista de preocupaciones ciudadanas según el último barómetro del CIS.
Fuentes del Gobierno han explicado a Efe que están abiertos a una tramitación de los dos proyectos totalmente consensuada con los grupos, con comparecencias de expertos y sin prisas, con el modelo seguido con la aprobada Ley de Transparencia y Buen Gobierno.
Grupos como el PSOE han planteado la posibilidad de abordar este asunto en una subcomisión parlamentaria, con tiempo y de forma integral.
La cita se celebrará por la tarde en la zona de Gobierno del Congreso, apenas unas horas después de que en la sesión de control la portavoz de UPyD, Rosa Díez, pregunte al jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy, por la evaluación que hace de sus planes para acabar con la lacra de la corrupción.
El pasado día 21 de febrero el Gobierno aprobó los dos proyectos nucleares de su plan de regeneración democrática: el primero trata de reforzar el control público de la financiación de los partidos políticos y el segundo regula el ejercicio de los altos cargos de la Administración del Estado.
Los partidos estarán obligados a publicar en su web todas sus cuentas y los créditos recibidos, además de todas las subvenciones y donaciones de más de 50.000 euros que reciban.
Se prohíbe que los bancos condonen las deudas a las fuerzas políticas, incluidos los intereses, y los tesoreros estarán obligados a comparecer en el Parlamento para explicar la contabilidad de los partidos.
El segundo de los proyectos es la ley reguladora del ejercicio del cargo público, que entre sus novedades incluye que los condenados por delitos especialmente graves, como el terrorismo, no puedan ser ocupar cargos mientras no se cancelen sus antecedentes penales.
Además, se regula el régimen retributivo y las indemnizaciones tras su cese y se refuerza el control y las limitaciones de los gastos de representación.
El PSOE reiterará que los acuerdos no se pueden limitar a dos proyectos La portavoz del Grupo Socialista en el Congreso,
Soraya Rodríguez, ha confirmado que el PSOE acudirá a la reunión para reiterarle que los acuerdos en esta materia no se pueden circunscribir únicamente a los dos últimos proyectos de ley sobre regeneración democrática aprobados por el Consejo de Ministros.
Así lo ha señalado en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces, donde ha avanzado que aprovechará ese encuentro para dejar claro a la 'número dos' del Gobierno que un futuro pacto contra la corrupción no puede limitarse a discutir sobre dos proyectos de ley que ya están en el Congreso, como así se lo expuso en la carta que recientemente le hizo llegar a Sáenz de Santamaría.
Según ha defendido, para hablar de acuerdo es necesario no sólo hablar de esas dos iniciativas gubernamentales --el proyecto de Ley Orgánica de control de la actividad económica-financiera de los partidos políticos y el proyecto de Ley reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado--, sino de otras cuestiones.
Entre éstas ha citado la reforma del Código Penal que está tramitándose ya en la Cámara Baja y que, según ha criticado, carece de medidas relativas la corrupción, de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, de la Ley del Indulto o de la Ley del Tribunal de Cuentas.
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ESPECIAL: La regeneración política>>
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