Se echó a andar en Chile la reforma educacional

El proyecto plantea, entre otros aspectos, derogar la Ley Orgánica Constitucional (Loce) - de tiempos de Pinochet- y dar paso a la Ley General de Educación.

Además, se instaura la superintendencia del ramo y se adoptan medidas para impedir el lucro. Bachelet destacó que la iniciativa “expresa claramente” el pacto social al que convocó en septiembre.  Indicó que el pacto fija las líneas generales de la nueva institucionalidad para asegurar la calidad de la educación, entre las que se incluyen las exigencias a los sostenedores,  la imposibilidad de seleccionar a los alumnos entre primero y sexto básico y la creación de una estructura o malla curricular.

La mandataria  afirmó que éste es “un gran día”, pues se plasmó en realidad "un importante acuerdo político que privilegia y reconoce con mucho orgullo lo que nuestras fuerzas políticas son capaces de hacer".

El acuerdo fue logrado tras el compromiso formal de todas las fuerzas políticas y que tuvo como precedente fundamental el trabajo desarrollado por el Consejo Asesor Presidencial para la Calidad de la Educación, generado tras las protestas de los jóvenes estudiantes o “pingüinos”, en el primer año del Gobierno de Bachelet.

El presidente de la opositora Renovación Nacional, Carlos Larraín, indicó que “cada día trae su carga y definitivamente, tenemos que observar el desarrollo de estas bases de acuerdo, por lo tanto no me pondría excesivamente optimista. Estos son principios de trabajo, hay que trabajarlos”.

Agregó que “en la medida que presentamos ante el país una visión claramente diferente que aquella que encarna el gobierno en materia de educación, estamos diciendo que hay dos opciones para gobernar el país. En ese sentido es que hemos trabajado, para presentar una visión distinta del futuro”.

Los principios fundamentales que el dirigente de derecha se propone defender, se sintetizan en “la influencia de los padres en la educación de los hijos, la posibilidad de emprendimiento privado en el área de la educación, los entes de aseguramientos de la calidad, que el control de la superintendencia se refiera a los resultados y no a lo que ocurre en el aula, y que se mantenga también la noción de la descentralización que para nosotros es muy básica”.

Mientras, el líder de la UDI, el senador Hernán Larraín, detalló que “éste es un acuerdo muy esperanzador” y no dudó en cuestionar que el oficialismo ha estado en deuda en esta materia.

Insistió en que “somos partidarios de llegar a acuerdos en aquellas materias que para Chile son importantes, pero precisamente porque no se han hecho por parte de la Concertación en 18 años es necesario un cambio gobierno”.
 
En su intervención, la Presidenta Bachelet sostuvo que todos los actores sociales han asumido este compromiso nacional. “Nosotros hemos planteado al país reformas sociales importantes, las que para ser alcanzadas requieren de un gran pacto social y eso es lo que hemos visto hoy”, aseguró.

Agregó que este protocolo de acuerdo apunta centralmente a “garantizar una educación de calidad para todos”, y que “reconoce con mucho orgullo lo que las fuerzas políticas de nuestro país son capaces de hacer cuando ponemos por delante el interés nacional, cuando entendemos que aquí todos estamos trabajando para todos los chilenos”.

El protocolo de acuerdo fue suscrito en la mañana del martes en el Palacio de La Moneda por los presidentes de los partidos de la oposición, Hernán Larraín, de la Unión Demócrata Independiente, y Carlos Larraín, de Renovación Nacional, así como de la Democracia Cristiana, Soledad Alvear; el Partido Radical Socialdemócrata, José Antonio Gómez; el Partido por la Democracia, Sergio Bitar; y del Partido Socialista, Camilo Escalona, además del ministro Secretario General de la Presidencia, José Antonio Viera-Gallo; y la ministra de Educación, Yasna Provoste.