ETA estudió, justo antes del atentado de la T-4, cómo colocar un artefacto en la Audiencia Nacional por vía de sus abogados

El magistrado concreta que la organización terrorista pidió a la letrada que redactara un informe de seguridad de la sede judicial, situada en la calle Génova de Madrid, "para cometer una acción colocando en ella un artefacto".

La dirección de la banda pedía a Zulueta que le concretara las medidas de seguridad en las dos puertas de acceso al edificio, los requisitos exigidos para acceder a él, las características de los detectores de metales y la distribución de cada planta.

Además, le preguntaban si existía "libertad de movimientos" una vez logrado el acceso y pedían que especificara si cada juez de la Audiencia Nacional disponía de un despacho propio.

Zuelta Información sobre potenciales objetivos de ETA

El auto también desvela que a Zulueta se le ocupó "un dispositivo informático" con informaciones sobre vehículos utilizados por potenciales objetivos de ETA. Uno de los coches era propiedad del Ministerio de Defensa, mientras que, en otro documento incautado, se mencionaba que el escolta que utilizaba otro automóvil estaba relacionado con la expresidenta del PP vasco María San Gil.

El juez atribuye, además, a la abogada la mediación directa en un pago del impuesto revolucionario. Dice también que la dirección de ETA le encargó  la creación de un "servicio de inteligencia" que debía extenderse por "todos los pueblos del País Vasco" para obtener datos sobre empresarios a los que pedir el impuesto.


Integrados en Halboka

El juez integra a Zulueta y a otros nueve procesados en Halboka y, en concreto, en su frente jurídico, estructura "plenamente integrada en la banda terrorista ETA que se dedica principalmente a la gestión de todo lo relacionado con los presos y expresos de ETA".

Acusa a la abogada de delitos de integración en organización terrorista y depósito de armas y explosivos. Le imputa este último delito a consecuencia de la información almacenada en un pen drive incautado en su despacho. El dispositivo, encontrado junto a un cuadro de la pared, contenía imágenes sobre la ubicación geográfica de tres zulos con armas y explosivos que finalmente fueron localizados en el sur de Francia.

Gómez Bermúdez procesa por integración en organización terrorista a otros seis responsables del llamado frente jurídico de ETA, entre ellos los abogados Jon Emparantza, Iker Sarriegui y Nai Zurriarain así como los miembros de la banda terrorista David Pla y José Domingo Auzpurua, y al integrante de Gestoras Pro Amnistía  Julen Zelarain.