Moncloa apaga fuegos: desmiente cualquier intención de suspender la autonomía catalana

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo, aseguraba a primera hora del martes que el Gobierno utilizaría todas las herramientas legales a su alcance para que no se celebre la consulta independentista el 9 de noviembre. "Toda la ley, sólo la ley, pero toda la ley", argumentó. Y la polémica surgió porque, preguntado si eso incluye la suspensión de la autonomía catalana, contestaba: "Incluido lo que haya que incluir para que esa consulta no se celebre". Luego tuvo que matizar sus palabras ante la polémica generada.

Tal fue la polvareda levantada que fuentes del Gobierno citadas por el diario 'La Razón' sentencia que en Moncloa ni se baraja la opción de suspender la autonomía de Cataluña y prevé que los recursos ante el Constitucional serán suficientes. Una clara intención de apagar el fuego encendido accidentalmente por Margallo pero que hizo que todo se saliera de los planes de calma que quiere dar Rajoy desde Madrid tanto a Cataluña como al resto de Europa.

Por otro lado, EL PAÍS titula en primera: "El Gobierno moviliza los recursos legales para impedir la consulta". El diario destaca que el fiscal general del Estado ha convocado para mañana a los fiscales jefes de Cataluña para estudiar las actuaciones que deberán emprender ante una hipotética consulta ilegal. Torres-Dulce aseguró ayer que la Fiscalía "actuará en consecuencia" si se infringe la ley en Cataluña ya que "sin el armazón de la legalidad, esto sería la jungla". El titular de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, dijo que tenía preparados varios recursos para responder "al desafío soberanista". LA RAZÓN recuerda que el Constitucional lleva desde 2011 para fallar sobre si Cataluña puede convocar un referéndum.

En otro orden de cosas, EL ECONOMISTA informa que entre las medidas con las que trabaja el Gobierno para ofrecer a Artur Mas a cambio de que no celebre la consulta está aumentar la autonomía fiscal de Cataluña mediante la revisión del sistema de financiación autonómica incrementando los ingresos transferidos por liquidaciones y anticipos, junto con la cesión a la Generalitat de la gestión del 0,7% del IRPF destinado a fines sociales.


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