Barcoj, mano derecha de Blesa, se desliga de la gestión de las 'tarjetas black' y entrega al juez los 484.200 euros que cargó en la suya

Sánchez Barcoj ha entregado al Juzgado Central de Instrucción número 4 un cheque por ese importe ante el silencio recibido por parte de la Fundación Caja Madrid, a la que inicialmente quiso devolver esa cifra tras el estallido del escándalo.

En el escrito en el que acompaña el cheque, al que ha tenido acceso Efe, el exdirectivo de Caja Madrid recuerda que ya reintegró otros 98.789 euros que asumió Bankia y que quiere hacer lo propio con los que sufragó Caja Madrid para eliminar "cualquier daño" que le haya podido causar y hacer frente a la responsabilidad civil que pudiera derivarse del caso.

Sin embargo, la "mano derecha" del expresidente Miguel Blesa, que mañana deberá declarar como imputado ante el juez Fernando Andreu por estos hechos, subraya que es "rotundamente falso" que haya intervenido en la creación de las tarjetas, "oportunidad de su uso, determinación de las personas a las que debía asignarse, límite económico anual y la forma con que habrían de ser utilizadas".

También es erróneo, añade, que, tal y como aseguró Bankia en el informe en el que destapó el asunto y remitió al FROB, la "raíz de su existencia" se localizara en la Dirección Financiera de la caja, cuyas riendas tomó en todo caso en mayo de 2007, ya que su origen data de los años 1980."Y tampoco es cierto que la tarjeta", al menos la que le dieron en 1999, "no estuviese soportada por una relación contractual previa", ya que se le entregó fruto "de la relación jurídica de contrato de trabajo" con Caja Madrid.

Por ello constituía una "asignación retributiva complementaria especialmente destinada a compensar los gatos que hubiese de soportar" en el ejercicio de sus funciones, según la fuente.

Sobre su opacidad, Sánchez Barcoj destaca que las "retenciones que hubiese procedido hacer y no se han hecho" no eran en ningún caso una de sus funciones y que el uso no podía ser desconocido por la Inspección, que revisaba las cuentas de la entidad.

De existir alguna insuficiencia en su declaración de IRPF, señala el escrito, está "dispuesto a abordarla" una vez se le informe "por quien corresponda" de la cuantía defraudada, que es "muy inferior" a los 120.000 euros que establece la ley para considerarlo delito fiscal. "En cualquier caso, el complemento retributivo" que se le asignó, "sin haberlo pedido", "representa un aumento muy poco significativo y por tanto proporcionado, y regular", de su retribución económica.


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