El Gobierno sacará adelante hoy la polémica Ley de seguridad ciudadana sin un solo apoyo en la oposición

El pleno aprobará con el previsible respaldo en solitario del PP el dictamen del proyecto, aprobado el 25 de noviembre en la comisión de Interior, después de incorporar en el debate de la ponencia decenas de enmiendas al texto (se presentaron más de 270).

Antes de que el trámite de la futura norma continúe en el Senado, una de las propuestas más polémicas de esta ley regresará hoy al debate: La enmienda del PP para, a través de esta ley de Seguridad Ciudadana, se modifique la de Extranjería y se de cobertura legal a las llamadas "devoluciones en caliente".

La enmienda, que generó un gran revuelo, fue suavizada por el propio PP en la discusión parlamentaria, de forma que el precepto contemplará que el rechazo en frontera de los inmigrantes solo se lleve a cabo cuando intenten sobrepasar "en grupo" los elementos de contención o vallas.

Fuera de esta modificación, el debate de la ponencia -se han celebrado hasta tres sesiones- ha introducido otros cambios respecto al texto inicial, como rebajar de grave a leve el conocido como "botellón", de forma que será multado con hasta 600 euros.

No se considerará infracción -en el proyecto figuraba como leve- la práctica de juegos o de actividades deportivas en espacios públicos no habilitados para ello, cuando exista un riesgo de que se ocasionen daños a las personas o a los bienes.

En la negociación de las enmiendas también se han aceptado algunas propuestas de los grupos nacionalistas relativas a las competencias autonómicas en materia de seguridad de las comunidades con Policía propia.

Con todo, la oposición volverá a rechazar la futura ley en el Congreso, después de que ayer mismo diputados del PSOE, Izquierda Plural, UPyD, PNV, ERC y Amaiur, entre otros, se sumaran a una protesta de organizaciones como Avaaz, No Somos Delito, la PAH, Greenpeace y SOS Racismo en contra de una norma que califican como "mordaza" de la protesta ciudadana.

Las organizaciones escenificaron ante el Congreso un "cortejo fúnebre", en el que no faltó una corona de flores en la que se podía leer "Contra la ley mordaza. Democracia, la ciudadanía no te olvida".

"El Gobierno seguirá sólo con su plan de aprobar esta 'ley de inseguridad ciudadana o ley mordaza', que pretende acallar las protestas de la ciudadanía ante la crisis" y "criminalizar la protesta", ha dicho una de sus portavoces.

Frente a las críticas, el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ha reiterado en diversas ocasiones que la futura ley de Seguridad, que sustituirá a la de 1992, "respeta el necesario equilibrio entre seguridad y libertad", es "profundamente garantista" y tiene "perfecto encaje en el ordenamiento jurídico".

De hecho, el titular de Interior insiste en que el Consejo de Estado y el Consejo General del Poder Judicial han avalado el texto en sus informes preceptivos y que las cuantías de las infracciones son las mismas que las que contempla la actual normativa.