Bárcenas saldrá el jueves de prisión tras reunir los 200.000 euros de fianza

El abogado Javier Gómez de Liaño, quien pese a haber renunciado a continuar con la defensa de Bárcenas sigue representándole hasta que se designe un nuevo letrado, ha señalado que mañana se estará a disposición de la cantidad completa que se ha reclamado al extesorero, que será depositada vía transferencia en la cuenta del juzgado.

Según el abogado, Bárcenas, en prisión desde junio de 2013 e implicado en los casos Gürtel y el denominado 'papeles de Bárcenas' que investigan el juez Pablo Ruz, ha podido reunir los 200.000 euros que se le reclaman gracias a la aportación de sus familiares. El extesorero del PP tiene todas sus cuentas embargadas por orden del citado juez de la Audiencia Nacional.

La fianza fue acordada en un auto dictado este martes en el que los magistrados Ángela Murillo, Carmen Paloma González y Juan Francisco Martel tienen en cuenta que la investigación de la "primera época" de actividades de la trama Gürtel, por la que Bárcenas se enfrenta a una petición fiscal de 42 años y medio de cárcel, está "prácticamente concluida".

Una vez reunido el dinero, Bárcenas tendrá la obligación de comparecer en el Juzgado Central de Instrucción número 5 todos los lunes, miércoles y viernes. Además, deberá designar un domicilio y entregar su pasaporte, y tendrá prohibido abandonar el territorio nacional.

Según los jueces, en el momento procesal actual, con la investigación prácticamente agotada y a punto de dictarse la apertura de juicio oral, existen "otras medidas cautelares que puedan mitigar" la medida de prisión acordada hace 19 meses.

A la novena

El tribunal acoge por primera vez la pretensión de la defensa de Bárcenas, que está en la cárcel desde el 27 de junio de 2013, después de negarle la puesta en libertad en otras tres ocasiones(julio y diciembre de 2013 y mayo de 2014) y de que el propio juez Ruz lo hiciera en otras cinco (septiembre y noviembre de 2013 y en marzo, junio y diciembre de 2014).

Los magistrados adoptan esta medida tras ponderar la gravedad de los delitos que se le imputan (fraude fiscal, cohecho, blanqueo de capitales, falsedad, apropiación indebida y estafa procesal en grado de tentativa) y el "agotamiento" de la investigación que se dirige contra él.

"Tampoco podemos desdeñar el largo tiempo transcurrido desde que el imputado fue privado de libertad de modo provisional, próximo a los dos años, lo que debemos armonizar con el pleno arraigo del apelante en España y su carencia de antecedentes penales, lo que disminuye el riesgo de huida", apuntan.

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