Las aerolíneas, al margen de la ley

    Anguera explicó en rueda de prensa que las sanciones por publicidad engañosa suman 417.000 euros, seguidas de las multas por cláusulas abusivas, que suponen un importe de 145.700 euros y que responden a prácticas como anular el vuelo sin causa justificada o emitir la información al usuario en un idioma no oficial.

   Tanto la publicidad engañosa como las cláusulas abusivas están tipificadas como infracciones graves, por lo que las multas pueden llegar hasta los 30.000 euros.

   Por otro lado, el 5,9% de las multas son por cuestiones lingüísticas relacionadas con el uso del catalán, lo que se considera infracción leve --con una sanción de hasta 3.000 euros--. Las multas impuestas en este ámbito suman 43.500 euros.

   El responsable de la ACC lamentó los "incumplimientos importantes" observados durante todo el proceso de inspección de las compañías aéreas y destacó la detección de infracciones graves por publicidad engañosa en 22 de las 29 aerolíneas. Los incumplimientos se basan sobre todo en que el precio ofertado no incorpora todos los conceptos (como impuestos y tasas), de modo que el usuario puede llegar a pagar un precio final "hasta cuatro veces superior".

   Asimismo, las infracciones por cláusulas abusivas se detectaron en ocho de los 29 casos, con ejemplos como que la empresa tenga en un idioma no oficial sus condiciones de contratación de pasajes, que se reserve el derecho a cancelar en vuelo sin causa justificada o aplique cláusulas que disminuyen el derecho del viajero a recibir compensación.

   A pesar de que la ACC declinó revelar las cifras sobre las compañías más sancionadas, informó de que no hay "grandes diferencias" entre las 'low cost' y las aerolíneas convencionales y que las multas oscilan entre los 5.100 euros como mínimo y los 61.000 euros como máximo.

   Por su alcance y las cuantías de las sanciones, esta es la campaña de investigación "más importante" que se ha hecho en España y, según Anguera, la Generalitat ya ha empezado a percibir los importes por parte de algunas de las compañías.

ADHESIÓN DEL SECTOR A LA JUNTA DE ARBITRAJE

   Por otro lado, Anguera apostó por que el sector del transporte aéreo de viajeros de adhiera a la Junta de Arbitraje para implantar una vía "más ágil" de resolución de las reclamaciones presentadas por los consumidores, que el pasado verano sumaron 247 (teniendo en cuenta sólo las presentadas ante la ACC).

   Para el director del ente, la incorporación de las compañías a la Junta de Arbitraje daría una "garantía de la calidad del servicio" a los usuarios y podría ser un "elemento diferencial" respecto a la competencia.

   De las 247 reclamaciones gestionadas por la ACC este verano, 94 ya han sido resueltas a través de mediación y un total de 51 están en vías de resolverse. Estos datos apuntaran a una resolución del 51% de las quejas, frente al 60,5% registrado en 2006.

   Por compañías, las que recibieron más reclamaciones entre junio y septiembre de 2007 fueron Iberia, con el 15%; Spanair, con un 14; Clickair, con el 12%, y Ryanair, con el 10%. Air Europa concentró el 7% y Alitalia el 6%.

   No obstante, los niveles más altos de resolución de estas reclamaciones los encabezó AirEuropa con un 71% de casos resueltos gracias a la mediación; seguida de Alitalia, con el 69%. Clickair ha resuelto la mitad de sus reclamaciones, mientras que Vueling ha solucionado el 43% y tiene en vías de resolución un 10% más. Iberia y Spanair han resuelto el 43% y el 41% respectivamente.

   Ryanair registró el menor porcentaje de resoluciones, con un 25%, a pesar de que tiene un 67% en trámite debido a que las gestiones de mediación deben hacerse con la oficina que la aerolínea tiene en Dublín, lo que "alarga el proceso", según Anguera.

   Los principales motivos por los que los consumidores presentaron sus reclamaciones el pasado verano fueron los retrasos en los vuelos, en un 34% de los casos, y la pérdida o incidencias con el equipaje en un 31%.

   Tras presentar los datos de este estudio a las 29 aerolíneas que tienen sede social, oficinas o que ofrecen servicios en Catalunya, la Agencia Catalana de Consumo apostó por crear un observatorio que se encargue de hacer "un seguimiento en el tiempo y poder comparar los datos de la evolución del sector año tras año".