No estamos ante el gran recorte de España en 2010 para evitar el rescate, conocido popularmente como el 'zapaterazo', llevado a cabo por el anterior Gobierno, el socialista. Pero Tsipras no ha quedado muy atrás. La propuesta de reformas que ha remitido el Gobierno de Syriza a la Unión Europea, al Banco Central Europeo (BCE) y al Fondo Monetario Internacional (FMI) incluyen cambios en cuanto al IVA, respecto a algunos impuestos y también en el espinoso apartado de las pensiones.
El documento, al que ha tenido acceso Reuters, contempla un IVA del 23 por ciento para restaurantes y catering así como un IVA para los hoteles del 13 por ciento. Además, propone eliminar la exención de IVA para las islas antes de finales de 2016.
Por otra parte, el Gobierno heleno propone subir el impuesto de sociedades en 2015 y aumentar también el impuesto a las compañías navieras. Asimismo, se propone incrementar el impuesto a los artículos de lujo y aplicar de forma inmediata un impuesto sobre los anuncios en televisión.
En otro orden de cosas, y en uno de los apartados más delicados para el Gobierno de Tsipras, la propuesta incluye la eliminación gradual del beneficio EKAS (Beneficio de Solidaridad Social de los Pensionistas) para los pensionistas para diciembre de 2019. Además, se presentará en el último trimestre de este año una ley sobre un nuevo sistema de negociación colectiva. La cláusula de déficit cero sobre las pensiones será suspendida hasta octubre, cuando se presentará una nueva reforma de las pensiones.
Además, el Gobierno facilitará que se complete el proceso de privatización de los aeropuertos regionales, así como los puertos del Pireo, Tesalónica y Hellinikon. La fecha para la licitación de cara las privatizaciones de los puertos se fijará antes de octubre de este año. Por otra parte, el Estado transferirá las acciones que mantiene en la empresa de telecomunicaciones OTE a la agencia de privatizaciones.
En lo que se refiere al gasto en materia de defensa, el Gobierno de Tsipras se compromete a recortarlo en 300 millones para finales de 2016.
A cambio, el Gobierno griego quiere que los acreedores revisen las metas de superávit primario para el país en los próximos cuatro años, y que entreguen fondos por valor 53.500 millones de euros para cubrir sus obligaciones de deuda hasta junio de 2018.
Un funcionario griego ha dicho que se pedirá al Parlamento que autorice al Gobierno a negociar una serie de "acciones prioritarias" que puedan tomarse antes de cualquier desembolso de los acreedores, un paso claro para convencer a los escépticos de la zona euro de que el intento es serio.
El jefe de ministros de Finanzas del Eurogrupo, Jeroen Dijsselbloem, confirmó el jueves la recepción de los documentos pero dijo a través de un portavoz que no hará comentarios hasta que haya una evaluación de expertos de la Comisión Europea, el BCE y el FMI.
Los bancos griegos han estado cerrados desde el 29 de junio, cuando el Gobierno impuso controles de capital y racionamientos a los retiros de dinero tras el colapso de las conversaciones previas por un rescate.
Grecia ya ha recibido dos rescates por valor de 240.000 millones de euros de la zona euro y el FMI, pero su economía se ha encogido en un cuarto, el desempleo supera el 25 por ciento y uno de cada dos jóvenes no tiene trabajo.
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