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Sostienen que sus cargos en Ifema y en Grupo Sacyr-Vallehermoso son incompatibles

Una empresa denuncia a Cortés por competencia desleal

jueves 29 de noviembre de 2007, 11:33h
La empresa Cooperación Internacional en Tecnologías Avanzadas (CITA), dedicada a servicios técnicos de ingeniería y arquitectura y cuyo administrador único es Miguel Ángel Gallardo Ortiz, ha presentado una denuncia por competencia desleal contra Luis Eduardo Cortés por la posible incompatibilidad de sus cargos como presidente del Comité Ejecutivo de IFEMA y presidente de la sección inmobiliaria del Grupo Sacyr-Vallehermoso.
CITA ha remitido esta denuncia a la Subdirección General sobre Conductas Restrictivas de la Competencia del Ministerio de Economía y Hacienda, al Tribunal de Defensa de la Competencia de la Comunidad de Madrid y a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

La compañía, que sostiene que la incompatibilidad de cargos es "no sólo es deleznable desde cualquier perspectiva ética, administrativa, económica y política", sino "también competencia desleal", explicó que Cortés puede verse sometido a un conflictos de intereses, ya que el Grupo Sacyr-Vallehermoso e IFEMA mantienen un litigio por la ampliación de los recintos feriales de Madrid.

"La incompatibilidad es también competencia desleal, incluso si los estatutos y regímenes en cada caso la permiten, ya que las actividades económicas se envilecen y pervierten porque resulta imposible competir en igualdad de condiciones con quien no tiene a su alcance cargos o representantes en las dos entidades con conflicto de intereses", señaló CITA.

La empresa de Miguel Ángel Gallardo, experto en criminalística de la corrupción, aseguró que en el caso del ex vicepresidente y consejero de la Comunidad de Madrid con Alberto Ruiz-Gallardón, existen "importantes negocios" entre IFEMA y Sacyr-Vallehermoso, "importantes decisiones que pueden ser tomadas en la Presidencia de IFEMA en perjuicio de los competidores de Sacyr-Vallehermoso".

Según CITA, se pueden dar "otras muchas ventajas competitivas", además de que los inversores "tienen derecho a tomar las decisiones que consideren oportunas ante el riesgo de sanciones o perjuicios en esta extraña e insostenible situación que afecta a intereses públicos y a un valor cotizado".
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