El PP denuncia que Susana Díaz mantiene cinco altos cargos imputados por prevaricación

La portavoz del PP en Andalucía, Dolores López, se ha referido a la información publicada este miércoles por el diario 'El Mundo' en la que se asegura que la consejera de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, María del Carmen Rivas, ha ratificado en el cargo al delegado provincial de Almería, José Manuel Ortiz Bono, a pesar de su imputación.

Ortiz está imputado por posibles irregularidades en el cambio de calificación de suelos en Tabernas a instancias de una empresa.

Según esta publicación, Rivas se convierte en el quinto cargo imputado en la Junta, junto a Inmaculada Oria, delegada de Medio Ambiente en Granada; Sandra García, delegada del Gobierno en Granada; Manuela de Paz, presidenta del Puerto de Huelva; y Javier Madrid, director general de Gestión del Medio Natural de la Junta. Todos estarían imputados por prevaricación en casos de falta de protección al medio ambiente, algunos vinculados al urbanismo.

López, que ha indicado que la presidenta de la Junta, Susana Díaz, "falta una vez más a su palabra" porque dijo que no iba a tener imputados en su gobierno, ha considerado que esto es fruto de la "hipocresía" con la que actúa la presidenta en materia de corrupción, "donde dice una cosa y hace otra distinta", motivo por el que le ha reclamado explicaciones.

C's exige que se cumpla el pacto

El presidente del grupo parlamentario de Ciudadanos (C's), Juan Marín, han pedido explicaciones y una "respuesta inmediata" a la Junta de Andalucía por los diferentes imputados por la Justicia, al tiempo que ha reclamado el cumplimiento del acuerdo de investidura firmado con el PSOE-A.

Marín ha advertido de que su formación "está analizando cada situación pormenorizadamente", y que, llegado el caso, exigirá su destitución si se trata de imputaciones por casos de corrupción política, "tal y como se refleja en el acuerdo de investidura".

"No nos temblará el pulso", ha advertido Marín, quien ha destacado que gracias a su formación se produjo la expulsión de la vida pública de dos ex presidentes de la Junta de Andalucía por estar presuntamente implicados en un caso de corrupción política como los ERE.

Así, ha querido dejar claro que "ahora y siempre" actuarán de la misma forma porque no hay debate posible, sin que "los imputados por casos de corrupción política deben abandonar sus puestos inmediatamente y defenderse ante la justicia".

Una ratificación "incoherente"

Por su parte, la parlamentaria de Podemos y portavoz en la Comisión de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural en el Parlamento de Andalucía, María García, ha exigido este miércoles el cese del delegado almeriense del ramo, José Manuel Ortiz Bono, imputado por la recalificación de suelo en Tabernas, unas 300 hectáreas que sufrieron el cambio de uso, de forestal a agrícola.

En un comunicado, García ha pedido también explicaciones a la consejera responsable de la ratificación de dicho cargo, María del Carmen Ortiz Rivas, y ha considerado una "incoherencia" dicha ratificación después de que el acuerdo de investidura firmado entre PSOE-A y C's recogiera que no iban a permitir cargos públicos imputados.

"Ya son cinco cargos públicos imputados en la Junta y desde Podemos queremos las instituciones andaluzas libres de todas sospecha", aseveró García