Como español nacido en Madrid que vivo en Cataluña desde hace 9 años siento la necesidad de expresar cómo veo la situación en Cataluña y en concreto las elecciones que ayer celebramos, desde una posición constructiva y tratando de huir del ruido de la confrontación política que hace el ambiente bastante crispado en los últimos tiempos, aunque es verdad que en la calle todo es más normal.
Fué un día de votaciones extraño y no es el primero. Ya tuve la misma sensación el pasado 9 de Noviembre cuando participé en un referéndum al que fuimos convocados por la autoridad legal competente en Cataluña pero que era considerado ilegal por el Gobierno español. En aquel momento decidí participar porque me parecía necesario que la voz de los que vivimos en Cataluña se dejara oir libremente y especialmente también la de los que no apoyamos la Independencia. Apoyo lo manifestado en Noviembre de 2014 por el catedrático de Derecho Constitucional Javier Pérez Royo en su día en un diario nacional: “La celebración de un referéndum en Cataluña, a fin de que los ciudadanos de dicha comunidad manifiesten su voluntad de mantener su integración dentro del Estado o de constituirse en Estado independiente, es condición necesaria para que la competición política pueda desarrollarse con arreglo a las normas de lo que se considera que es una competición democrática en cualquier país civilizado”.
Creo sinceramente que la votación de ayer es el resultado inadecuado de no haber negociado el referéndum anterior, por lo que hemos llegado a unas elecciones que legalmente son parlamentarias (estamos eligiendo a diputados), pero donde muchos catalanes votaron como plebiscitarias porque así se las considera desde el Govern y los partidos que le apoyan en este tema. Es un escenario inadecuado porque las lecturas de los resultados, sean cuales sean y aunque legítimos en cualquier caso, van a ser utilizada con fines diferentes a la elección de un parlamento. Y de ello se pueden derivar situaciones más complicadas que si se hubiera realizado un referéndum pactado, y probablemente menos favorables para los que no somos independentistas. La estrategia del Gobierno español ha sido en este tema a mi juicio totalmente equivocada. Y eso para no hablar de la imprudente recogida de firmas en contra del Estatut realizada por el Partido Popular en su momento y otras acciones de boicot realizadas en el resto de España, que sólo han contribuido a generar más independentistas.
El problema de no aceptar la expresión democrática de una comunidad autónoma como es Cataluña, por mucho que existan límites legales que lo dificultan (límites que en cualquier caso pueden cambiarse por el poder legislativo) no hace sino continuar lo que ya se empezó con la el recurso al Tribunal Constitucional en relación con el Estatut en 2006, cuando esta ley había sido aprobada por dos parlamentos (el catalán y el español) y aprobada también en referéndum en Cataluña. Como manifestó también Pérez Royo en enero de 2014, “el referéndum de aprobación del estatuto es la forma en que el constituyente reconoció el “derecho a decidir” del pueblo de la nacionalidad en su proceso de constitución como comunidad autónoma … Este equilibrio entre principio de unidad política del Estado y derecho a la autonomía desaparece con la sentencia del Tribunal Constitucional 31/2010, mediante la cual resolvió el recurso de inconstitucionalidad contra la reforma del Estatuto de autonomía para Cataluña. La sentencia eliminó la fórmula que había previsto el constituyente para el ejercicio del “derecho a decidir” en la definición de la norma constitutiva de su autonomía por parte del pueblo de Cataluña”.
Difícilmente se puede entender que un tribunal pueda corregir lo que el legislativo ha sancionado y se ha votado en referéndum, siendo desde ese momento tan válido y aplicable como la propia Constitución. Y menos aún si el citado tribunal había perdido desgraciadamente bastante credibilidad precisamente por el sometimiento a la disciplina de los partidos políticos mayoritarios que evitaron su renovación obligatoria por Ley.
La expresión democrática del pueblo catalán había sido expresada también mucho antes, en 1978, cuando la Constitución fue aprobada en referéndum con el apoyo del 90,5% de los catalanes. ¡Pero de eso hace ya 37 años! ¿Nos extraña que ahora hayan cambiado algunas cosas desde entonces en Cataluña y en España? ¿Y si pensáramos en el cambio experimentado por ambas sociedades en el mismo lapso de tiempo pero entre 1939 y 1976 cuando se aprobó la Ley de Reforma política en España? Por tanto, ¿cómo no respetar que los jóvenes catalanes no se sientan identificados con los pactos que entonces se lograron y puedan aspirar a otro encaje diferente de Cataluña en España y en Europa? ¿No será que no se ha sabido encauzar esa inquietud legítima? Es en cierto modo una situación muy parecida a la que se da con el fenómeno Podemos, a los que se critica que consideren la Constitución como algo obsoleto, precisamente en parte porque en situaciones como ésta en la que debería demostrar que es una norma vigente en nuestro tiempo actual, se la quiere presentar como una roca que no acepta cambio alguno (excepto, eso sí, si los poderes económicos reclaman un cambio por el tema del déficit, casi con nocturnidad y en formato de urgencia)
Sinceramente creo que la mejor opción hubiera sido negociar un referéndum no vinculante tratando de incorporar una tercera vía (en línea federalista) en la consulta, para después pasar en su caso a una negociación con el fin de encontrar una salida pactada. Así se forjó la Constitución de 1978, no lo olvidemos, sobre la base de un espíritu de aceptación democrática de las partes que mantenían posturas a veces antagónicas. Sólo desde el respeto a las legitimidades de ambos parlamentos y de las mayorías expresadas en referéndum se puede encontrar una solución válida a este problema.
Coincido en este sentido lo manifestado en varias ocasiones por el expresidente del Tribunal Constitucional y expresidente del Consejo de Estado Rubio Llorente sobre la viabilidad de un referéndum legal, en un artículo de opinión en Febrero de 2013: “la libertad del legislador solo está limitada por lo que la Constitución prohíbe y en consecuencia las Cortes Generales, como representación del pueblo español, titular de la soberanía, pueden autorizar la celebración de referéndums de ámbito territorial restringido (previa reforma de la Ley Orgánica 2/1980 sobre la regulación de las distintas modalidades de referéndum) … No es sin duda el razonamiento jurídico el que determina la postura de quienes se oponen a la celebración del referéndum, sino un arma que algunos de estos utilizan para defenderla”. Asimismo, en una conferencia en Barcelona en Octubre de 2013, manifestó que la negativa a realizarlo por parte del Estado podría desembocar en "alternativas de efectos impredecibles" y definía los pasos a seguir desde un referéndum legal con carácter consultivo a una posterior negociación en el caso de que hubiera una mayoría suficiente a favor de la independencia.
Creo también que en el otro lado ha faltado cintura para la negociación, especialmente con las fuerzas de la oposición en España con las que debería haber encontrado sinergias; en su día hubo una ocasión de oro cuando el PSOE estaba en el gobierno en España y el PSC en Cataluña que fue desaprovechada, y a pesar de las advertencias del ex presidente socialista José Montilla sobre la desafección creciente entre Cataluña y el resto de España. Creo que se pensó más que esto era un soufflé que pronto se deshincharía.
Nada más lejos de la realidad. Las fuerzas que en este momento apoyan de una manera u otra el proceso independentista se han organizado, se han fortalecido con los hijos y los abuelos (que nunca fueron independentistas e incluso les parecía de mala educación), con lo que se han creado lazos familiares e ilusión, mucha ilusión. Y enfrente la mayoría de las veces se ha ofrecido inmovilismo y en muchos casos poco respeto.
Por supuesto que la visión independentista es utópica y no quiere hablar de riesgos, toda utopía se basa de algún modo en un objetivo ahora irrealizable. También lo era en su día para España ser una democracia. Pero es cuando menos respetable, y en muchos casos admirable para los que lo vemos desde fuera: ¿qué movimiento social pacífico y organizado hay que convoque de este modo a cientos de miles de personas en la calle? Sinceramente sólo se me ocurren dos casos en nuestra historia reciente: el movimiento social de los últimos años en el País Vasco en contra de ETA, y el movimiento del 15-M. Y en ambos casos, como en este caso, lo mínimo que se puede pedir es un profundo respeto por lo que significan independientemente de que los compartamos o no.
Por supuesto que los postulados del nacionalismo catalán son cuestionables en muchos aspectos, como pasa con la mayoría de los nacionalismos (también el español): la lectura de los 300 últimos años de historia que se hace por parte del Govern es poco objetiva (aunque la que hace a veces gente del PP de la nación española es también inverosímil); la exposición de los agravios de España hacia Cataluña habría que debatirla frente a las experiencias de otras comunidades autónomas también afectadas; el planteamiento defensivo del idioma catalán frente al castellano es en la actualidad bastante obsoleto, y así sucesivamente. Pero los partidos nacionalistas confrontan sus tesis y programas en unas elecciones y sólo los ciudadanos les han dado mayorías que han permitido tomar decisiones a lo largo de los años. Y estas decisiones deben ser respetadas. Los que hemos venido a vivir a Cataluña y hemos respetado desde el primer minuto lo que aquí democráticamente se ha decidido no hemos tenido problema alguno de integración, independientemente de que, como pasa en todas partes, haya acuerdos y desacuerdos y reclamaciones en su caso si ha lugar, a los estamentos pertinentes, que para eso están.
Sólo desde el respeto a la legitimidad de la otra parte y desde el debate honesto y abierto se podrán encontrar puentes de entendimiento y negociación que ahora no existen y que no lo olvidemos, el ordenamiento jurídico actual por sí solo no es capaz de resolver. Ojalá pudiéramos recuperar el espíritu de hermandad que vivimos muchos de nosotros en los años 70 y 80 donde la oposición al franquismo cantaba en Madrid en catalán y castellano, porque buscábamos un mismo ideal, una misma utopía. ¿O acaso es que los no nacionalistas ya no tenemos utopías?
(Enrique Peiro es Microbiólogo. Investigador en la Universidad Autónoma de Barcelona)
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