De acuerdo en el fondo, pero menos en el procedimiento. Un nervioso Albert Rivera ha acudido a su cita en La Moncloa con un “pacto por España” bajo el brazo como respuesta al desafío independentista catalán. Un acuerdo entre los partidos –aún no está claro cuáles- para defender la unidad del país, en primer lugar recurriendo al TC la resolución presentada por Junts Pel Sí y la CUP en cuanto se apruebe aunque al líder de C’s le gustaría hacerlo ya. Y en segundo lugar con el compromiso de no gobernar con fuerzas políticas que quieran romper la unidad, como Bildu, que fue el ejemplo que utilizó.
El invitado de Mariano Rajoy insistió asimismo en que ante todo se debe evitar que la iniciativa separatista conlleve “actos jurídicos” y tener que aplicar el polémico artículo 155, algo a lo que Rivera está claro que no quiere llegar.
Albert Rivera ha insistido en que es un acuerdo “de mínimos” para “blindar” la unidad de España que Mariano Rajoy le ha prometido estudiar, ha asegurado el líder de Ciudadanos durante su primera rueda de prensa en La Moncloa. El presidente, ha dicho, está de acuerdo “en el fondo” y el problema serían los “matices jurídicos” para desbaratar el desafío soberanista catalán.
Rivera quiere sumar a su causa al PSOE, y para eso pretende llamar esta tarde a Pedro Sánchez, y se mostró más tibio en cuanto a Podemos, empeñado en una consulta ciudadana sobre el asunto.
"España no es negociable. Nuestra nación no es divisible”, es el punto de partida del acuerdo que propone Rivera con cinco compromisos: "El artículo 1 de la Constitución no se toca, la soberanía reside en el conjunto del pueblo español. Segundo punto, unidad territorial. Tercero, que la Constitución es el único marco en el que se puede reformar España, que no hay atajos. Cuarto, firme compromiso con la integración europea. Y el quinto punto: los partidos que quieran firmar no gobernarán de la mano de los que quieran romper España".
El candidato de C’s quiere ponerse a la cabeza de la manifestación, reforzado por las encuestas y el papel protagonista de su partido como la principal fuerza de la oposición en el Parlament. Su presencia en La Moncloa es la prueba de que su papel después del 20D será clave para la formación de un nuevo Gobierno.
Desde el Gobierno ha sido Soraya Sáenz de Santamaría la encargada de avanzar que, para el PP, el primer pacto por España “es la Constitución”, reclamando a todos los citados por Mariano Rajoy –que sigue ampliando su agenda- que acudan a La Moncloa “con altura de miras porque estamos ante un problema de Estado”.
En cuanto a los “matices jurídicos”, el momento en que se debe recurrir al TC, a Rivera le gustaría presentarlo cuanto antes, pero ha admitido que la doctrina del Alto Tribunal aconseja esperar a su aprobación ya que con la simple admisión a trámite el fracaso está casi garantizado.
Al respecto, la vicepresidenta ha explicado que los servicios jurídicos del Estado estudian "cualquier tipo de recurso que pueda plantearse buscando siempre la seguridad y la certeza de que sus aspiraciones sean estimadas". Por eso, lo que sí tienen claro, como "conclusión determinante", es que si el texto se aprueba por el Pleno se recurrirá ante el TC apelando además al artículo 161 de la Ley Orgánica del propio tribunal para que el texto recurrido quede en suspenso.
No obstante, en alusión a posibles recursos de amparo la vicepresidenta ha apuntado a la vía prevista en el artículo 42 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. Éste permite recurrir las decisiones o actos sin valor de Ley "emanados de las Cortes o de cualquiera de sus órganos, o de las Asambleas legislativas de las Comunidades Autónomas, o de sus órganos, que violen los derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional".
Esos actos pueden recurrirse en un plazo de tres meses desde que "sean firmes" con arreglo a las normas de la Cámara. Pueden presentar el recurso la persona directamente afectada, el Defensor del Pueblo y el Ministerio Fiscal. Se trata de un recurso de amparo ante el TC para proteger derechos fundamentales, no un recurso de inconstitucionalidad.
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