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En la revisión de estilo

Confirman alteraciones al texto constitucional

Confirman alteraciones al texto constitucional

El comité formado por la Asamblea Constituyente de Bolivia para la revisión del estilo del proyecto constitucional aprobado reconoció hoy que modificó no solo la forma sino también el contenido de algunos artículos.

El constituyente Emilio Gutiérrez, elegido por la centrista Unidad Nacional (UN), de la que se ha distanciado, confirmó a Efe que el Comité de Concordancia y Estilo, del que forma parte, modificó el fondo del proyecto.

La Constituyente boliviana aprobó el domingo en la ciudad andina de Oruro el proyecto de Carta Magna impulsado por el presidente Evo Morales para "refundar" el país en una sesión de más de 17 horas en la que junto al oficialismo y sus aliados participó solo UN como partido opositor.

La Asamblea nombró el comité de concordancia, con la participación de la directiva y representantes de partidos, para revisar el texto del documento y corregir posibles errores. Carlos Romero, jurista y constituyente del oficialista Movimiento al Socialismo (MAS), también confirmó a Efe que el comité de estilo "por sí mismo no tiene potestad para modificar el texto" y solo puede "verificar las enmiendas que se han sugerido en la plenaria".

Sin embargo, Gutiérrez reconoció que el comité cedió a unas presuntas presiones de la Iglesia Católica para la modificación de los artículos que dejan la puerta abierta a una posible legalización del matrimonio homosexual y el aborto.
Además, aseguró que se va a modificar el contenido de diferentes artículos, incluso del primero que define el Estado boliviano, para introducir una observación hecha en la sesión plenaria por el jefe de UN, Samuel Doria Medina.

Por su parte, Romero dijo que la justificación de la alteración del artículo primero aprobado por la plenaria está en que "se votó con el advertido de que se facultaba a la comisión de estilo para tomar en cuenta la observación".
Otros elementos de fondo que serán modificados, según Gutiérrez, son la consideración de las telecomunicaciones y las eléctricas como parte del sector público, y el polémico artículo 19, del que se retirará el inciso que dispone la expropiación de las fincas urbanas que no cumplan una función social.

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