Los chirimbolos, ventanas de enfrentamiento político

En cuanto a la adjudicación, el PSOE consideró varios hechos sospechosos por los que se pidió su suspensión. El Grupo Municipal Socialista pedía la suspensión del contrato hasta que se resolviera la denuncia judicial que una empresa interpuso por presuntas irregularidades en la adjudicación y hasta que la Comisión de Vigilancia de la Contratación del Consistorio se pronunciase. Según se conoció, el hijo del director del departamento de Mobiliario Urbano del Ayuntamiento trabajaba en la empresa adjudicataria de la gestión de los 'chirimbolos', Clear Channel, unos años antes. Mientras tanto, su padre pertenecía a la Mesa que elegía la empresa que ganaba el concurso público de los soportes. 

Otras denuncias socialistas estuvieron basadas en el negocio del contrato. Según los socialistas, las irregularidades en la adjudicación del contrato llegaron al punto de que por unos 10.000 metros cuadrados de publicidad, 6.500 de ellos en los 900 nuevos soportes permanentes, sólo se cobrarán 16 millones de euros. Según calcularon, sólo 200 de esos soportes facturarán en el mercado 19 millones de euros.

Contrato no publicado
Además, los socialistas denunciaron que este contrato, que aportará 160 millones de euros al Ayuntamiento en los próximos 10 años, no fue publicado en el Boletín Oficial del Estado, tal y como dice la Ley de Administraciones Públicas, ni tampoco en el Diario de las Comunidades Europeas, porque el Ayuntamiento convocó un concurso sin establecer un precio mínimo de licitación. Añadió que no se incluyeron siquiera los informes necesarios, entre ellos, el de Patrimonio Histórico.

Anunciaron que la solvencia económica de la empresa adjudicataria, la Unión Temporal de Empresas (UTE) Clear Channel-Cemusa, que en 2004 estuvo en quiebra técnica, aunque ninguno de esos informes contables fue considerado para evaluar la oferta, y recordó que hubo otra compañía, la sociedad Viacom, ofrecía 73 millones más por el mismo contrato.

Por último, recordaron que la Comisión de Vigilancia de la Contratación del Ayuntamiento pidió varios informes para estudiar el caso, y que se deberá también estudiar su instalación y su impacto sobre el paisaje urbano de la capital.

Desde el Ayuntamiento respondieron que no existía incompatibilidad legal para que el hijo del director de Mobiliario trabajase en la empresa adjudicataria. "La empresa que no se adjudicó el contrato presentaba una oferta en la que el tiempo medio necesario de exposición estaba en un 90 por ciento, cuando en Madrid es el 80 porciento, y además, ofrecía rotar la publicidad cada semana, cuando en España se rota cada 15 días", justificó la delegada de Medio Ambiente, Ana Botella.

Ubicación
Sobre la ubicación, la edil popular recordó que, "una vez aprobado, el contrato estuvo paralizado tres meses para estudiar uno por uno los lugares donde se colocarían los soportes publicitarios para que fueran los sitios más apropiados", y comparó a Madrid con otras ciudades como París, donde hay "muchos más soportes que en Madrid".

"Todos los ayuntamientos de España recurren a la publicidad, incluso los que gobiernan PSOE. Hay que esperar a ver cómo se resuelve el proceso judicial, porque es la empresa perdedora del contrato la que ha llevado al caso a los tribunales y no se puede parar un contrato público cada vez que a una empresa no le va bien", atajó Botella. Finalmente, el PP de Madrid rechazó retirar los 900 'chirimbolos' publicitarios que instaló el Ayuntamiento de Madrid, como reclamó el PSOE en el Pleno.

Sin embargo, posteriormente, el Ayuntamiento dio marcha atrás. Ruiz-Gallardón reconoció, ante las evidencias presentadas por la oposición y los vecinos que algunas pantallas publicitarias, conocidas más popularmente por los ciudadanos como 'chirimbolos', puede que no se hayan colocado "adecuadamente". Sin embargo, en ningún caso se planteó la posibilidad de anular el contrato con la empresa concesionaria de la explotación de dichos soportes ya que no se puede permitir que una empresa privada paralice la Administración pública "sólo por presentar un recurso judicial contra el concurso público que ha perdido".