El juicio por el 'caso Funeraria' visto para sentencia después de seis meses

La Fiscalía de Madrid solicita penas de entre 8 meses y 17 años y medio para los procesados, entre ellos el que fue primer teniente de alcalde, Luis María Huete, y los ex concejales populares Simón Viñals y Antonio Moreno. Les acompañan en el banquillo de los acusados José Ignacio Rodrigo, asesor jurídico del Consistorio y presidente de Funespaña tras la venta, y los hermanos Juan Antonio y Ángel Valdivia, directivos de la empresa.

Este procedimiento se remonta al Pleno del Ayuntamiento celebrado el 22 de diciembre de 1992 que aprobó la venta del 49 por ciento de las acciones de la funeraria municipal a Funespaña, que la adquirió por "un precio simbólico" de 0,60 euros, según admitió Huete en su declaración. A cambio, la empresa asumiría la deuda de 2.278 millones de pesetas contraída por la Empresa Mixta con el Ayuntamiento.

Durante estos meses, la Sección Cuarta ha escuchado los testimonios de los procesados y de los testigos, entre los que destacó la declaración del propio Álvarez del Manzano. El alcalde de Madrid entre 1991 y 2003 sostuvo que los asesores jurídicos y económicos no interpusieron ningún veto a la privatización de la funeraria municipal a manos de Funespaña.

Devolución de las ganancias
Tras la extensa prueba pericial, que se prolongó durante más de dos meses, el fiscal presentó a las partes su acusación definitiva, en la que reclamó declarar nulos los acuerdos por los que se acordó la adjudicación del 49 por ciento y que los responsables de Funespaña devuelvan a las arcas municipales los beneficios obtenidos desde 1992 por la explotación de la funeraria municipal.

De este modo, demandó al tribunal que Ignacio Rodrigo y los hermanos Valdivia reintegren como parte de la responsabilidad civil que se les solicita la totalidad de las ganancias directamente provenientes de los delitos de prevaricación y de malversación de los que se les acusa.

Por la lentitud del procedimiento, el Ministerio Público pidió también que se aplique a los nueve procesados la atenuante de dilaciones indebidas por la lentitud del proceso, que se remonta a hace ya 15 años.

Según Grinda, Ignacio Rodrigo, cesado a finales de julio de la dirección de Funespaña, se valió de sus conocimientos de la operación para hacerse con un importante paquete de acciones. Rodrigo se puso en contacto con los hermanos Valdivia para asegurarse "una importante participación lucrativa en el resultado de la privatización".

Entonces pactaron que los Valdivia pondrían el dinero necesario para sacar adelante la funeraria a través de la ampliación de capital, mientras que Rodrigo lograba "una importante participación en el capital social".

Petición fiscal
Huete, Viñals y Moreno se enfrentan a una petición fiscal de cuatro años y diez meses por delitos de maquinaciones para alterar el precio de las cosas, prevaricación y malversación. Por su parte, Ignacio Rodrigo afronta una solicitud de 17 años y medio de prisión, al igual que los Valdivia, de 19 a 17 años y medio de cárcel. El fiscal les acusa de maquinaciones, prevaricación, malversación, tráfico de influencias y varios delitos contra la Hacienda Pública.

A estos últimos se les solicitó que se les aplique la atenuante de reparación del año por haber hecho efectivo el pago de la deuda contraída por la Empresa Mixta con el Consistorio madrileño.

En cuanto a indemnizaciones, el fiscal demandó que Rodrigo y los Valdivia indemnicen conjunta y solidariamente a la Hacienda Pública con 4.504.169 euros, con la responsabilidad civil subsidiaria de Funespaña.