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El interés del menor

Se achaca a la Ley de Responsabilidad Penal del Menor casi todos los males de nuestra juventud. Este posicionamiento me recuerda a aquel borracho al que se cayó una moneda en un callejón oscuro y fue a buscarla debajo de una farola que aunque estaba lejos, daba luz.

Es la primera vez que en España nos hemos dotado de una Ley Penal para menores de 18 años. Véanse los Centros de Reforma que se construyen continuadamente en todas las Comunidades Autónomas y que inmediatamente se llenan de jóvenes. Esa es la realidad. El que no se crea la verdad, que se desplace cualquier día a una Fiscalía de Menores y solicite presenciar los juicios.

La Ley desde que se publicó fue endurecida en dos ocasiones antes de entrar en vigor, lo ha sido ulteriormente y en este momento el Gobierno ha remitido un Proyecto de Ley que vuelve a elevar las sanciones. Me parece bien. El 27 de Julio y tras acompañar a los padres, hermanos, familiares y amigos de Sandra Palo en su entierro, firmé a favor de su agravamiento. El 30 de Julio de 2003, en el Diario El Mundo publiqué en Tribuna Libre un extenso artículo del que destaco “para los hechos más graves la sanción debe endurecerse dilatando el tiempo de privación de libertad; quizá también debamos intervenir con los menores de 12 a 14 años, agravar la pena por reincidencia y hasta aprobar la acusación particular en casos de extrema gravedad”.

Estoy muy cerca de los agresores, pero más de las víctimas, soy miembro de honor de la Fundación Klara García que preside D. José Antonio, el padre de la niña brutalmente asesinada en San Fernando –Cádiz-, por dos compañeras.

Miren, cuando unos padres “no pueden” con su hijo de 7 años, no podemos refugiarnos en la denominada Ley del Menor, ni cuando más mayor se niega a ir al colegio o sale toda la noche. Esta Ley es el pararayos de la impotencia, de la amoralidad, de la falta de arrestos para educar en el hogar, en la escuela, en la calle.

Deseo firmemente que la Ley sea más contundente y que se sea más estricto en el procedimiento, en la ejecución de las sanciones y restrictivos en la concesión de permisos. Lo demando, porque las víctimas son los jóvenes, la mayoría de jóvenes que son honrados, estudiantes, trabajadores, artistas y solidarios.

Achacar a la Ley de Responsabilidad Penal del Menor la ingente violencia es no entender nada. Creer que sancionando más habrá menos delitos es de una ingenuidad preocupante. Piénselo ¿por mejorar los hospitales de este País, habrá menos muertos en la carretera?

Es en la educación donde radica la solución, naturalmente que la educación conlleva sanción, desde los primeros años, meses, días.

Oímos a las víctimas y más debiera de oírseles, pero ¿y los padres de los agresores, qué dicen, cómo se comportan?

Porque tengo que denunciar a algunos padres, equívocos abogados de sus hijos, son capaces de culpar a la chica que fue violada, señalando su capacidad seductora, todo para desresponsabilizar a su descendiente. O padres que dicen no saber que su hijo es un “cabeza rapada” y cuando uno observa el dormitorio del descerebrado se encuentra con esvásticas, fotos de Hitler y bates (pero no juega al base-ball).

En los despachos psicológicos forenses, ante el estrado, no se comparten las conductas de los jóvenes que se han implicado en hechos que el Código Penal califica como delitos o faltas, pero a veces se entienden.

Entender y compartir son dos conceptos distintos. Como lo es el ser consciente, responsable, e imputable. Los niños y jóvenes saben lo que hacen, claro que sí; la responsabilidad como el desarrollo la van adquiriendo con el tiempo; y la imputabilidad se matiza desde el criterio de que la respuesta social y judicial no ha de ser igual para el menor que para el adulto.

Hace falta más reflexión, más decisión para abordar los problemas sociales y no caer en una burda simplificación. Mientras tanto, endurezcamos la Ley de Responsabilidad Penal del Menor.

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