Argentina cambiará las reglas para importar automóviles

La modificación principal es que, en caso de que se nacionalice un automóvil importado para un diplomático, dejará de tener la exención de impuestos de la que gozó al entrar en Argentina, explicó el canciller, Jorge Taiana.

La medida fue dictada por un decreto de la presidenta argentina, Cristina Fernández, informó Taiana durante una rueda de prensa que compartió con el jefe del Gabinete, Alberto Fernández, en la sede del Ejecutivo.

El mes pasado, la Cancillería presentó una denuncia ante la Justicia basada en una auditoría interna que detectó, sobre una muestra de 98 casos de autos ingresados entre 2004 y 2007, una importante cantidad de trámites que no cumplían con el marco normativo vigente.

Además, fueron cesados dos funcionarios del Departamento de Franquicias Automotores de la Cancillería argentina.

Taiana explicó el jueves que con el decreto suscrito por la presidenta "cambia radicalmente el régimen de nacionalización" de vehículos para diplomáticos y se "elimina la posibilidad de un uso indebido" de las franquicias.

"Hasta ahora, (un vehículo de este tipo) se podía nacionalizar como libre de impuestos. A partir de ahora, todas las personas que quieran transformarlo a un vehículo argentino deberán pagar todos los impuestos que pagan los demás argentinos", explicó.

Tras precisar que la "desgravación por plazos queda abolida", al igual que "en caso de cese del funcionario" extranjero, dijo que tampoco "hay exención impositiva si uno quiere nacionalizar un automóvil" que ingresó sin pagar impuestos.

Taiana agregó que la Cancillería trabajará junto con el Fisco y el registro de automotores para efectuar un "re-empadronamiento de los aproximadamente 1.500 vehículos diplomáticos que hay en el país y la informatización de los registros".

"Estamos dando respuesta a un problema que viene de vieja data y vamos a crear un sistema claro, transparente, homogéneo y justo", manifestó.

Al ser consultado sobre una supuesta utilización política del escándalo por parte del Gobierno de Buenos Aires, el canciller remarcó que "la investigación está centrada en la presunta responsabilidad de funcionarios argentinos".

Por su parte, Alberto Fernández sostuvo que a pesar de que la medida anunciada implica un "cambio enorme", la presidenta Fernández "aspira a que no se vulnere el principio de igualdad" y la inmunidad de la que gozan los diplomáticos.