El doctor Morín declara este jueves

Comparecerán también en calidad de imputados el ginecólogo Ramón Tanda y a un psiquiatra del centro. A este último se le acusa de supuestamente falsear los informes preceptivos para practicar abortos en los supuestos en que el embarazo suponga un riesgo físico o psíquico para la mujer. Las declaraciones se producen después de que la jueza solicitara a finales de enero las historias clínicas de las mujeres que practicaron abortos en esta clínica durante 2007. El abogado del doctor Morín, Francesc Campà, aseguró que su representado "no lleva nada en Madrid", a donde no ha viajado "desde hace más de un año". "Poco va a poder aclarar la jueza", apostilló.

Morín abandonó la prisión el pasado 25 de enero después de que la Audiencia de Barcelona decretase su la libertad sin fianza tras permanecer encarcelado desde el 30 de noviembre. La titular del Juzgado de Instrucción número 33 de Barcelona, Elisabet Castelló, le acusó de liderar una trama de práctica de abortos ilegales en los tres centros médicos que tiene en Barcelona. La jueza impuso a Ramón Tanda una fianza de 4.000 euros para eludir la prisión.

En la causa abierta en el Juzgado número 35 de Madrid, la instructora investiga también a la clínica 'Mayrit'. Los procedimientos seguidos contra 'CB Medical Ginemedex' y 'Mayrit' arrancan de las denuncias presentadas por la Consejería que preside Juan José Güemes ante los Juzgados de Instrucción de la plaza de Castilla por las supuestas irregularidades detectadas en la práctica de interrupciones voluntarias del embarazo.

La Clínica Isadora
La intervención judicial a los centros abortistas que operan en la capital afecta también a la clínica 'Isadora', cuya instrucción se dirige desde el Juzgado de Instrucción número 37 de Madrid. Su titular, José Sierra Fernández, investiga las presuntas irregularidades en la retirada de residuos biosanitarios y humanos a raíz de la denuncia de la plataforma 'La Vida Importa'.

Hasta ahora, no hay ninguna persona imputada en la causa. Las diligencias practicadas se limitan a la recogida de más de una veintena de historias médicas de las mujeres que acudieron a la clínica el pasado año, las cuales ya han declarado como testigos ante la Guardia Civil. Este procedimiento tiene su origen en una denuncia de 'La Vida Importa' interpuesta el 9 de junio de 2006 ante la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil contra Isadora por tirar restos humanos (de fetos de más de ocho meses) y biosanitarios (gasas o jeringuillas) en los cubos de basura.

No obstante, la investigación no comenzó hasta febrero de 2007, cuando el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (SEPRONA) verificó que la clínica vulneraba la normativa que regula la gestión de residuos medioambientales y que practicaba abortos ilegales. El SEPRONA envió a la Guardia Civil los datos recabados, que a su vez los remitieron al juez. La causa cayó en un principio en el Juzgado número 31 que estaba de guardia, pero posteriormente entró en reparto al Juzgado de Sierra Fernández.