Familiares del caso Yak

Casi cinco años después del trágico accidente del avión Yak-42, en el que perdieron la vida 62 militares españoles –38 pertenecientes al Ejército de Tierra, 21 al Ejército del Aire, 2 a Cuerpos Comunes y 1 a la Guardia Civil–, sigue sin depurarse ninguna responsabilidad penal. En otros ámbitos tampoco no se ha avanzado mucho. La responsabilidad política no se ha producido –la celebración de elecciones generales no convalida universalmente todas las conductas como pretende el ex ministro, de nuevo, y por segunda vez desde el día de autos, candidato–  y la responsabilidad administrativa o profesional sólo ha afectado a un par de oficiales generales que han visto, en un caso, como se anticipaba su pase a la reserva y, en otro, teniendo ya el máximo empleo militar, como se ordenaba su cese en el lucrativo destino internacional que comenzaba a desempeñar. Un balance muy pobre para la magnitud de la tragedia.

Recordemos que el accidente del avión el 26 de mayo de 2003 destapó todo un rosario de despropósitos que abarcaban tanto el antes como el durante y el después. Un detallado relato del ex ministro José Bono en el Congreso de los Diputados mostraba, tiempo después, la increíble cadena de acciones y omisiones de los organismos competentes del transporte logístico de nuestras Fuerzas, empezando, tal vez, por lo principal: la irresponsabilidad de mantener el traslado de personas en unos vuelos que el resto de países occidentales sólo contrataban para carga. Nadie se ha hecho cargo de esto ni ha ofrecido explicaciones diferentes del ahorro presupuestario, que luego, para mayor escarnio, desmentía también la pésima gestión económica.

Consumada la tragedia, los familiares, amigos y compañeros de los muertos han visto aumentar su dolor y su indignación por los horrores de la identificación y el desdén institucional hacía sus justas protestas. El auténtico vía crucis por el que se les ha hecho pasar incluye como ataque central la acusación de politización del caso, tan socorrido siempre. La referencia partidista es cruel existiendo una motivación tan dramática. Lo esencial del asunto no es el color político del gobierno –aunque es fácil suponer el ruido mediático y paracastrense que se hubiera producido en el supuesto de que todos los hechos se hubieran producido con un gobierno socialista– sino la tranquilidad ciudadana de que se han investigado los hechos, se han exigido las responsabilidades y se han adoptado las medidas de futuro adecuadas.

Conmueve la lucha que desde entonces mantienen los familiares de los muertos –los que conocemos por dar la cara en los medios de comunicación como Pancho Castilla, Curra Ripollés o Alfonso Agulló y los muchos otros anónimos que siguen manteniéndose asociados luchando contra la impunidad y el olvido del gran suceso–,  para que no se dé el presentido carpetazo que desde muchas instancias se viene planteando. La exigencia de Justicia no está sólo indicada por el comprensible interés privado de los familiares y amigos, que ya lo justificaría plenamente, sino, sobre todo, por el interés público que un hecho de estas características debe merecer. Una tragedia sin precedentes en nuestras Fuerzas Armadas en época democrática.    

El tesón de la asociación de familiares del caso Yak ha conseguido que la Audiencia Nacional se pronuncie revocando el archivo de la causa y ordenando al juez instructor que continúe la investigación penal al considerar que existen razones para considerar que la seguridad aérea estaba comprometida en los vuelos contratados por el ministerio de Defensa y que la Administración tenía datos en este sentido que fueron lamentable y culposamente ignorados.  

El caso Yak ha servido, como un doloroso recordatorio de la residual mentalidad ibérica, para que se adopten medidas ex post facto. Los soldados se trasladan ya en condiciones de seguridad aérea estándar y no en las incalificables condiciones en que lo hacían antes de la tragedia; se han dictado normas que establecen el protocolo médico-forense en caso de muertes en acto de servicio para evitar en lo sucesivo unir al bochorno de la irresponsabilidad la impericia; y se han activado canales de información de los expedicionarios para no volver a ignorar nunca más las señales de alarma en materias tan vitales como la seguridad de las personas.

El Estado, que ha rendido honor a los muertos, sigue debiendo a su memoria la depuración de todas las responsabilidades, y la sociedad española, el reconocimiento a la lucha de sus familias, amigos y compañeros. No es un asunto privado: esta tragedia nos sigue concerniendo a todos.