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El PSM demandará a la Comunidad por la subida de precios de la vivienda pública

miércoles 16 de abril de 2008, 12:24h
El PSM interpondrá una demanda en los próximos días contra la Consejería de Vivienda por la orden emitida el pasado 1 de abril por la que se sube el precio del módulo de la vivienda protegida en la región, "con el fin de defender a las 80.000 familias madrileñas que se van a ver afectadas por la subida de los precios de sus casas". Por su parte, IU ha pedido la retirada de la orden por considerarla anticonstitucional.
En rueda de prensa en la sede del PSM, el secretario general de los socialistas madrileños, Tomás Gómez, afirmó que el precio del módulo de la vivienda protegida crecerá entre un 25 y un 31 por ciento afectando a 80.000 familias que viven en casas de este tipo tanto en régimen de compra como de alquiler, hecho por el que, según señaló, "los servicios jurídicos del partido ya están preparando una demanda que se interpondrá en los próximos días".

La Comunidad de Madrid aprobó el pasado 1 de abril una serie de medidas entre las que se encontraban adecuar los precios máximos de venta y arrendamiento de estas instalaciones a los fijados por el Ministerio de Vivienda, lo que supondrá aplicar como referencia el precio básico nacional de 758 euros por metro útil y dividir la región en distintas áreas "con el fin de impulsar la construcción de 30.000 viviendas protegidas en la región en 2008".

No obstante, el secretario general de los socialistas madrileños aseguró que ésta es "la medida más agresiva hacia la vivienda protegida en la historia de la región". "Desde que gobierna Esperanza Aguirre el precio de la vivienda protegida se ha incrementado en más de un 50 por ciento", consideró.

El líder de los socialistas madrileños explicó que esta medida, impulsada por el Ejecutivo autonómico, supondrá que en Móstoles el precio de la vivienda se incrementará alrededor de un 24,78 por ciento y la de precio tasado en un 25,5 por ciento y que en la zona de Alcobendas y San Sebastián de los Reyes el coste se incrementará en un 31,64 por ciento y la de segundo nivel, en un 32,4 por ciento.

Aseguró que esta orden afecta también a las viviendas en régimen de alquiler, de manera que con esta nueva medida la ayuda que el Gobierno central quiere dar a los jóvenes a través de los 210 euros de la Renta Básica de Emancipación "va a hacer que se engrosen los bolsillos de los promotores, ya que habrá un incremento medio del precio de la vivienda en alquiler de 200 euros".

En referencia a las zonas, afirmó que en Alcalá de Henares esta orden afectará a 3.000 viviendas, en Getafe a 12.000, en el PAU 4 de Móstoles a 8.000, o que en el sureste de la capital afectará a 50.000 casas.

El líder de los socialistas madrileños exigió la derogación de la orden que regula el incremento "tremendo" del precio de la vivienda pública y la modificación de los ámbitos territoriales en los que la orden divide la región para establecer el coste de la vivienda.

IU dice que la orden es inconstitucional
La portavoz del Grupo Parlamentario de IU en la Asamblea de Madrid, Inés Sabanés, reclamó este miércoles la retirada de la Orden emitida por la Consejería de Vivienda en la que se sube el precio del módulo de la vivienda protegida en la región porque "vulnera el derecho constitucional de acceso a una vivienda digna".

Sabanés afirmó que la nueva norma es una subida "brutal e injusta" que además "está causando gran alarma entre las personas que son adjudicatarias de pisos protegidos".

"Se ha pretendido no dar muchas explicaciones sobre el asunto y esto ha ocasionado una gran confusión entre las personas que ya tiene un piso adjudicado y las que lo quieren solicitar", consideró Sabanés en relación a las dudas presentadas por varios vecinos y acusó al Gobierno regional de "aprobar esta subida de forma pactada con las grandes constructoras sin tener en cuenta a los ciudadanos y ciudadanas de Madrid".

Por su parte, el diputado regional y portavoz de IU en la Comisión de Vivienda de la Asamblea de Madrid, Gregorio Gordo, afirmó que la medida aprobada por la Consejería de Vivienda "pretende trasladar el modelo especulativo de construcción de vivienda privada al sector público" y abogó por "impulsar una verdadera política de vivienda pública cuya finalidad sea garantizar el derecho a los ciudadanos y no la defensa de las promotoras inmobiliarias y las grandes constructoras".


  
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