Gobierno fija precios del aceite y permite exportación

La titular de este despacho ministerial afirmó que si en estos días el Gobierno comprueba que las empresas fabricantes de aceite han bajado sus precios a lo que establece este decreto, inmediatamente se levantan las restricciones a la exportación de este producto.
Los valores fijados por la nueva norma estatal determinan que el litro de aceite a granel debe estar en un precio de Bs 8,50 como mínimo, y Bs 10,90 como máximo. 
Para el litro de aceite envasado se fija un rango de Bs 10,50 como mínimo y Bs 12,99 como máximo.
“El decreto establece autorizar las exportaciones de aceite previa verificación del precio justo en el mercado nacional y del abastecimiento interno”. subrayó Rivero.
Por su parte, el presidente de la Cámara Departamental de Exportadores (Cadex), Ramiro Monje, opinó que “con esta medida gubernamental se demuestra que las autoridades no quieren dialogar ni negociar y que buscan imponer un precio político antes que técnico y económico”.
Monje sostuvo que el Gobierno intenta que las aceiteras subvencionen el mercado interno bajo el supuesto de que con el precio de las exportaciones se cubra el déficit.
“Es algo peligroso ir contra la fuerza del mercado porque lo único que hace es crear inestabilidad en el mercado nacional. Puede ser que el aceite sea un 20% para el consumo local y el 80% de exportación, pero ¿cómo van a hacer con los otros productos que la mayor producción es para el mercado nacional?”, se preguntó.
Agregó que, en principio, no está de acuerdo con la medida del Gobierno porque, a criterio, se desestabilizará el mercado.
Mientras tanto, la reunión entre los exportadores y la Cadex que se fijó para el lunes quedó en la incertidumbre, según Monje, pues no hubo confirmación oficial por parte del ministro de Producción y Microempresa, Javier Hurtado.
Incluso, ya no habría sentido que se produzca al lanzarse este decreto, afirmó Monje.

  Algunos puntos del decreto 29519 

Artículo 1. El decreto tiene por objeto regular la competencia y la defensa del consumidor frente a conductas lesivas que influyan negativamente en el mercado, provocando especulación.
Artículo 10. I.-Son conductas anticompetitivas absolutas los actos, contratos, convenios, arreglos o combinaciones entre agentes económicos competidores entre sí, cuyos propósitos o efectos sean: a) Fijar, concertar o manipular el precio de venta o compra de bienes o servicios al que son ofrecidos o demandados en los mercados. b) Establecer la obligación de no producir, procesar, distribuir, comercializar o adquirir sino solamente una cantidad restringida o limitada de bienes. c) Dividir, distribuir, asignar o imponer porciones o segmentos de un mercado actual o potencial de bienes y servicios. d) Establecer, concertar, coordinar posturas o la abstención en las licitaciones, concursos o subastas públicas. II.- Los agentes económicos que incurran en conductas anticompetitivas serán pasibles de la aplicación de sanciones administrativas, sin perjuicio de la responsabilidad penal y civil que pudieran resultar.
Artículo 15 (Atribuciones del Ibmetro). Entre puntos también se establecen los siguientes: Realizar inspecciones y auditorías de verificación y requerir la exhibición de papeles, libros, documentos, archivos o información generada por medios electrónicos o de cualquier tecnología, conforme a ley. Solicitar a la autoridad judicial competente la aplicación de medidas precautorias a los agentes económicos.

Diputado observa que hay una acción interventora
El diputado Antonio Franco denunció que el Decreto Supremo 29519, en la que instruye a la Superintendencia de Empresas y al Instituto Boliviano de Metrología (IBmetro) fiscalizar las actividades de las empresas, es a su criterio absolutamente intervencionista.
“Con el paraguas de ir a fiscalizar (el Gobierno) se va a entrar a las empresas y dirá qué es lo que puede comprar, cuánto es lo que puede vender. Las fábricas no podrán vender con libertad porque la calificarán como especulación”, dijo en tono alarmado.
Franco expresó que amerita una respuesta institucional de los colegios de profesionales de Santa Cruz, por lo que quiere propiciar una reunión para que la respuesta sea técnica y económica antes que política. Dijo que es importante que se debata y analice este decreto.