Aguirre insiste en pedir a Interior más seguridad para Alcorcón

"No puede haber extorsiones. Si alguien se siente perjudicado, lo tiene que denunciar a la Policía", dijo Aguirre. La presidenta regional se refirió a lo ocurrido este fin de seman en Alcorcón y aseguró que, "pese" a que su Gobierno no tiene competencias en materia de seguridad ciudadana, la localidad cuenta con 100 agentes de las Bescam pagados por el Gobierno regional dedicados exclusivamente a la seguridad y afirmó que "estoy segura que el alcalde (Enrique Cascallana, del PSOE), los pondrá a vigilar las actitudes de los jóvenes pertenezcan o no a alguna banda".

Aguirre, como hiciera ayer el consejero de Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid, Alfredo Prada, volvió a pedir al Ministerio de Interior que intensifique las medidas de seguridad en Alcorcón. "Deben ejercer las funciones que les corresponden", aseveró. Asimismo, advirtió a los jóvenes de dicho municipio y del resto de la región de que "de ninguna manera se pueden consentir extorsiones" por el disfrute de espacios públicos y que, si ocurre, hay que denunciarlo ante la policía. "Nadie se puede apropiar de bienes públicos", insistió Aguirre en alusión al pago que, al parecer, exigen miembros de bandas latinas por usar canchas deportivas.

Reacciones de la oposición
Mientras, el portavoz socialista en la Asamblea, Rafael Simancas, reprochó al Gobierno regional que no ejerciera sus funciones tras los incidentes de Alcorcón y le acusó de dedicarse "a alimentar la confrontación y a generar un conflicto" de un modo "muy peligroso".

Simancas, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista, felicitó a la Delegación del Gobierno y al Ayuntamiento de Alcorcón por haber "dimensionado, identificado y tratado razonablemente" un conflicto "limitado, puntual y que no se debe generalizar".

La actuación del Gobierno que preside Esperanza Aguirre mereció el "reproche" de Simancas porque "lejos de ejercer sus funciones y de sumar fuerzas para asegurar la tranquilidad en el municipio se ha dedicado a agitar la situación y a llamar a los ciudadanos a una respuesta incívica".

Mientras, el coordinador general de IU-Comunidad de Madrid, Fernando Marín, afirmó que en Alcorcón hay un "problema social grave de marginación que hay que atajar" y advirtió de que "sólo con medidas policiales, la violencia volverá a resurgir".

Fernando Marín abogó por "combinar" las políticas sociales y preventivas con las medidas policiales para solucionar el conflicto. A su juicio, el "problema de marginación social" de Alcorcón debe abordarse con políticas de empleo y educación, y los padres tienen que asumir su "responsabilidad", dijo.