El PSPV cree un "insulto" que el PP pretenda "boicotear" la puesta en marcha de la ley

Los consejeros de las autonomías del PP tildaron este lunes de "abusiva" la representación del Gobierno en este órgano, y la consellera de Bienestar Social, Alicia de Miguel, avanzó que estudiarán "acciones jurídicas" para hacer valer su criterio.

La representante del PSPV afirmó que De Miguel actuó ayer "como la portavoz y abanderada de los populares y no como la consellera y representante de todos los valencianos, incluidas las personas dependientes y sus familias".

Para los socialistas, el PP valenciano quiere "alargar el proceso de aplicación de la ley porque la Generalitat no ha hecho los deberes". Espí dijo así que "aunque el Gobierno central envió en 2006 23 millones para la preparación de la ley de Dependencia en la Comunitat, el Consell no ha hecho nada y ahora obstaculiza la llegada de estas ayudas por una cuestión puramente partidista".

Sin embargo, la también portavoz de Políticas Sociales del grupo parlamentario socialista en las Corts aseguró en un comunicado que "aunque el PP quiera boicotear las ayudas del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, no lo conseguirá", porque, según recordó, la ley de Dependencia es "de obligado cumplimiento y, por tanto, ya está en marcha y los dependientes de mayor gravedad empezarán a recibir la debida atención a partir de esta primavera".

No obstante, Núria Espí lamentó la "doble moral" del Consell y aseguró que a principios de este mes los responsables de la Generalitat "criticaban al Ejecutivo central por no haber constituido el consejo territorial y no haber fijado los criterios para las ayudas, y ahora, cuando se pone en marcha, se oponen y además anuncian acciones jurídicas".

Por ello, la diputada socialista entiende que el PP valencano "ha perdido la cabeza" y que "lo único que le interesa es desprestigiar al Gobierno de Zapatero y hacer oposición desde la confrontación y la mentira".

En este sentido, la responsable de Bienestar Social del PSPV-PSOE aseguró que las 120.000 personas dependientes de la Comunitat y sus familias "no se merecen que la consellera de todos los valencianos intente obstaculizar la aplicación de la ley de Dependencia que les beneficiará".

Espí señaló que esta actitud del Consell de Camps responde a la "ineficacia" del PP, porque "por su mala gestión y por anteponer sus intereses electorales a los de los valencianos, la Comunitat Valenciana no está preparada para la puesta en marcha de la ley". De hecho, recordó que en 2006 el Gobierno central envió 23 millones de euros para la preparación de la ley que "no se sabe dónde están" y que el Consell "tenía que haber puesto 23 más que nunca aparecieron".

Además, añadió que el Ejecutivo central "envió en 2007 un total de 44 millones de euros para la aplicación de la ley durante el primer año, y así progresivamente hasta un total de 230 millones de euros". Sin embargo, "estos 44 millones no se reflejan en los presupuestos de la Generalitat para 2007 ni tampoco los 44 que tendría que haber puesto el Consell", denunció.

   Por ello, Núria Espí lamenta la "falta de lealtad institucional del PP" y exigió a De Miguel y al presidente del Consell, Francisco Camps, que "recapaciten porque no pueden frenar el desarrollo de la ley e impedir que más de 100.000 personas reciban las ayudas que tanto necesitan".