Las últimas lluvias le sirven al Gobierno para sortear el polémico trasvase catalán

Lo ha confirmado la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. De la Vega afirmó que "la situación ha cambiado" en Cataluña y la "urgencia ha llegado a su fin", por lo que el Ministerio de Medio Ambiente que dirige Magdalena Álvarez se va a reunir próximamente con la Generalitat para "fijar los criterios oportunos" de cara a la derogación del decreto ley, que se hará el próximo viernes.

    De la Vega explicó que cuando se acuerde formalmente la desaparición de las causas que justificaron la declaración de emergencia “hay que proceder a rescindir el contrato, la adjudicación llevada a cabo a las empresas que fueron adjudicatarias de esa obra”. Pero, ¿cuánto nos hemos gastado ya en el no-trasvase y cuánto nos vamos a gastar aún en indemnizaciones, o en capítulos similares”.

Lucha “firme” contra la inmigración irregular

     En referencia al grave problema de la inmigración, la vicepresidenta ha confirmado que España está trabajando con todos los países de la Unión Europea, y también, claro está, con la propuesta francesa, en la que todos los países “están aportando opiniones, comentarios, contrapropuestas, es un tema en el que se está trabajando desde hace meses”, pero con el objetivo de “llegar a un pacto en materia de inmigración”.

    De la Vega, en realidad, vino a repetir lo que ya es un raca-raca en el Ejecutivo: que se busca una “inmigración legal y ordenada. No ha cambiado nada, esos son nuestros parámetros”. Ahora bien, la única política eficaz es la que se debe hacer desde la Unión Europea con los países de origen y de tránsito, “una política de cooperación con los países emisores de la emigración”. Es lo mismo que unas horas antes dijo Rodríguez Zapatero en la presentación de un libro de Baltasar Garzón.

         En definitiva, que España quiere “ley y orden, integración y cooperación”, pero, al mismo tiempo, “lucha firme contra la inmigración irregular”. De la Vega, por lo tanto, descarta una ‘regularización masiva’, situación a la que –dijo- no se llegó en el anterior proceso de regularización global llevado por el Ejecutivo socialista porque “lo que hicimos fue poner orden donde había desorden y ley donde había ilegalidad”. Es decir, que según ella fue una regularización “uno a uno”.

         En este aspecto, dijo que el Frontex está funcionando, que España ha reforzado el control en sus aeropuertos y que “en política de inmigración el Gobierno tiene un rumbo claro: su política es firme en la lucha contra la inmigración irregular, firme”. 

“El Gobierno no comenta comunicados de una banda de asesinos”

En la rueda de prensa de este viernes Fernández de la Vega, que estuvo acompañada por el vicepresidente segundo del Gobierno, Pedro Solbes, abordó el nuevo ‘plan de Ibarretxe’ para tensionar con una consulta el 25 de octubre, pero no quiso ni comentar el comunicado de la banda terrorista ETA sobre tal ‘plan’: “El Gobierno no comenta comunicados de una banda de asesinos”.

         En cuanto al ‘plan’ en sí mismo, Fernández de la Vega ha reiterado que es “manifiestamente contrario a la Constitución”; que, aunque Ibarretxe apela a que tiene carácter no vinculante y que no se trata de una consulta popular por vía referéndum, “ambos casos son inconstitucionales” y, en definitiva, el Gobierno será firme.

    Ahora bien, recordó de la Vega que “un proyecto no es ley hasta que no lo aprueba un Parlamento”, y en ese momento será cuando el Gobierno actúe con “firmeza y con el Estado de Derecho”. En todo caso, De la Vega lamentó que en vez de aprobar el Gobierno vasco una norma que le aleje de los violentos, apruebe una norma “que violenta la Constitución”.

Envío de tropas a zonas en conflicto

    Por otro lado, una vez obtenida la autorización del Congreso, el Gobierno ha dado luz verde al envío de cien militares a Chad y República Centroafricana, así como el envío de una unidad naval en la fuerza marítima presente en Líbano. Nuestras unidades en el Mediterráneo se reforzarán así con noventa nuevos efectivos, aunque manteniendo el límite de 1.100 como número total de la misión.

    Y en este capítulo militar, España se sumará al Convenio de Dublín para la eliminación de las bombas de racimo. El tratado establece un plazo de ocho años y la idea del Gobierno es adaptar toda nuestra industria en ese plazo, en cuanto la norma entre en vigor.