Los discursos ambiguos e instrumentales sobre el narcotráfico, elaborados por los Estados Unidos y los cocaleros, predeterminan un conjunto de estereotipos para detectar dos fantasmas malévolos: la cocaína y el monstruo político-delictivo latinoamericano, destacándose a los campesinos productores de coca y a las mafias de los carteles narcotraficantes como el eje del mal en el ámbito internacional. Con estos estereotipos, el problema actual de las drogas en el continente se restringe a una sola droga: la cocaína y a un solo responsable: los países productores de coca, pasta base de cocaína y clorhidrato de cocaína.
La presión que ejerce el gobierno norteamericano hacia Bolivia en materia de narcotráfico y sustitución de cultivos puede ser calificada como una política para favorecer una oposición sistemáticamente destructiva que va socavando el sistema político democrático, y fortaleciendo una profunda ambigüedad moral, sin referencia a procesos de justicia transparente y sin plantear otra estrategia que pretenda llevar el narcotráfico hacia una solución viable, promoviéndose más bien los rasgos de una nueva cultura imperial de amenaza permanente.
Para los campesinos del Chapare y los Yungas en Bolivia, aquella presión extranjera es un medio utilizado durante todo tipo de conflictos porque permitiría demostrar ante la conciencia colectiva boliviana que la producción de hoja de coca constituye un arma de resistencia cultural patriótica, de cohesión nacional, de autodeterminación política y bandera de defensa para los derechos humanos.
Las respuestas que los cocaleros y el Estado boliviano dan en medio del conflicto, van complejizando la naturaleza, contenido y tensión de las relaciones bilaterales entre Bolivia y Estados Unidos. Todo intento de solucionar el complejo coca-cocaína está destinado al fracaso mientras los actores sociales en juego no renuncien a ideologías encubridoras que levantan mucha neblina en medio de los problemas.
Desde un comienzo, los mayores perdedores tanto de la imposición externa como de las acciones de hecho en el sindicalismo campesino, fueron los sucesivos gobiernos desde Hernán Siles (1983) hasta Evo Morales (2008). Los resultados en veinticinco años de lucha contra el narcotráfico han sido lamentables: quiebra de la reconversión productiva promovida por el desarrollo alternativo en productos como frutas y hortalizas, así como erradicación violenta y diálogos bajos chantaje; cada año, entre 1990 y 2001, se contabilizaron de ocho a diez enfrentamientos entre el ejército y los cocaleros, generalmente con muertes sangrientas por balas de guerra. Puede comprobarse, además, que cuanto mayor fue la represión e injerencia exterior para reducir los cocales, mayor ha sido la tendencia hacia una polarización e intransigencia de los actores en conflicto: gobierno y cocaleros.
La información sobre narcotráfico es tan abundante y permanente que la opinión pública tiende a replegarse hacia la indiferencia por saturación. Todas las noticias sobre violación a los derechos humanos, corrupción y acciones de protesta desde el Chapare o los Yungas, prácticamente provocaron que la tensión y los estados de emergencia en las zonas cocaleras sean un dato cotidiano y casi natural para la ciudadanía. Esto da lugar a una sociedad anómica que normalizó los patrones disruptivos como la economía del narcotráfico, así como el aprendizaje a sobrevivir junto a la militarización absoluta del trópico cochabambino, la expansión de cultivos en los Yungas y el norte del departamento de La Paz y las cada vez más numerosas incautaciones de pasta base de cocaína en la ciudad de El Alto boliviano.
Por otra parte, cuando tuvo lugar una mayor indulgencia de parte de los organismos gubernamentales para suavizar las disputas con el campesinado cocalero, mayores fueron también las presiones norteamericanas sobre el Estado, acosándolo con la certificación o descertificación internacional, documento primordial para la negociación de créditos ante la banca internacional, lo cual afecta directamente a los planes de desarrollo y a todo el circuito de la pobreza en Bolivia.
El complejo coca-cocaína creció tanto que es inviable destruirlo en el corto o mediano plazo, ni siquiera por la fuerza. Los diferentes Zares antidrogas estadounidenses critican a todos los gobiernos bolivianos, sentenciando que la erradicación de la hoja de coca fue un rotundo fracaso entre 1989 y 2001. A su vez, el ex vicepresidente de la República, Víctor Hugo Cárdenas, afirmó que los conflictos del Chapare carecían de solución.
El problema del narcotráfico ya no descansa en si la coca es o no cocaína, o en si el desarrollo alternativo puede resucitar fortalecido. Todo gira en relación a una madeja que es una cabeza de medusa: intereses económicos y políticos de los sindicatos cocaleros, intereses de las instituciones que se benefician con la lucha antidrogas y paupérrimas políticas exteriores de diferentes gobiernos que no pueden controlar los imperativos norteamericanos. En la cabeza de medusa, todo es motivo de sospecha y no existe la posibilidad de construir distintos escenarios para el diálogo porque todo parece convertirse en un sórdido laberinto de piedra donde los ecos rebotan sin entendimiento.
En los procesos de producción, comercialización, utilización, consumo y erradicación de la coca participa una enorme cantidad y diversidad de actores sociales y de agentes económicos. Algunos están altamente organizados y su acción obedece a propósitos explícitamente predefinidos por un poder central como los gobiernos, en tanto que otros representan verdaderos poderes descentralizados en extremo y su acción resulta de decisiones individuales y no coordinadas entre sí, como es el caso de los comerciantes de coca y de insumos químicos, de los consumidores finales de coca y de cocaína en todas sus formas e incluso de los productores de pasta base.
Al mismo tiempo, el aumento en la demanda de cocaína que estimula la producción excedente de coca es un incentivo que vicia paralelamente al Estado y a las políticas de desarrollo alternativo pues la corrupción gubernamental es toda una industria para el ascenso político. El negocio está en todo flanco: mercados campesinos, comercio de drogas, asesorías especializadas y tráfico de influencias en altas esferas de decisión. Con estas condiciones es sumamente improbable que pueda surgir una solución adaptada a la ley y el orden. En el complejo coca-cocaína nadie expresa sus verdaderas intenciones y todos buscan aprovechar la situación.
Franco Gamboa Rocabado
Sociólogo político, miembro de Yale World fellows Program
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