Latinoamérica sale en defensa de sus inmigrantes

"Es una vergüenza lo que ha hecho Europa", denunció el presidente de Ecuador, Rafael Correa, al referirse al proyecto aprobado en la Eurocámara que prevé, entre otras medidas, el internamiento de los inmigrantes ilegales por un máximo de seis meses antes de su expulsión, período que puede extenderse por otros doce en casos excepcionales.

"¿Qué habría pasado si América Latina hubiera adoptado esa directiva con los españoles que tuvieron que salir forzosamente de su país? ¿Se imaginan cuánto sufrimiento habría causado?", se preguntó el mandatario.

Parlamento Andino
En Lima, el Parlamento Andino informó que a través de su vicepresidente, Wilber Bendezú, solicitará que con carácter de urgencia se convoque a la mesa directiva de la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana (Eurolat), para tratar este delicado tema.

Asimismo, indicó que promoverá el rechazo a esta directiva buscando el pronunciamiento de los  Parlamentos de Latinoamérica.

Bendezú señaló que de nada sirvió el acápite de la Declaración de Lima de Cumbre de Mandatarios,  en el que los presidentes de la U.E. y de Latinoamérica señalaron que "es fundamental asegurar el goce y la protección efectiva de los derechos humanos para todos los migrantes".

Bolivia
El vicecanciller boliviano, Hugo Fernández, afirmó que el Gobierno de su país estudiará los alcances de la directriz para decidir cómo enfrentarla "de manera legal".

Uruguay
El Senado de Uruguay también rechazó la norma comunitaria, anunció que llevará a las Naciones Unidas su repudio e invitó a los Parlamentos y Gobiernos latinoamericanos a "tomar las medidas correspondientes desde el punto de vista del derecho internacional".

El documento del Senado uruguayo subraya que la decisión europea "constituye una violación a los derechos humanos básicos y en particular al derecho de libre circulación internacional".

Paraguay
La Cancillería paraguaya emitió un comunicado en el que expresó "su decepción por la medida", que consideró una "incongruencia en las intensas relaciones migratorias que los países de Europa y de América Latina han sabido desarrollar a lo largo de siglos de vinculación histórica".
   

Brasil
El Ministerio de Exteriores de Brasil lamentó la determinación de la UE porque cree que siembra "una percepción negativa de la migración" y, además, va contra "una deseada reducción de trabas a la libre circulación de personas y una más amplia y plena convivencia entre los pueblos".

Argentina
El Gobierno de Argentina recordó que migrar "no es un delito", al lamentar los términos de la directiva de la UE en una nota de la Cancillería en la que además "rechaza el uso de conceptos tales como migración legal e ilegal".