El perdón de los periodistas

El presidente nacional de los periodistas chilenos, Luis Conejeros, dirigió la solicitud de perdón de los profesionales a Roberto D’Orival e Isabel Gallardo, el primero representando a los familiares de los 119 desaparecidos en la Operación Colombo, y la segunda a nombre de las familias de seis asesinados por la DINA, ambos sucesos ocurridos en 1975 y disfrazados como falsos enfrentamientos en Argentina y Chile.

La presidenta del Tribunal Nacional de Ética de los periodistas, Juanita Rojas, y el presidente de esta instancia a nivel metropolitano, Alfredo Taborga, también se sumaron a las excusas públicas y reconocieron el trabajo incansable de los familiares de las víctimas para buscar no sólo justicia y sanción en los tribunales ordinarios, sino también en la instancia que rige a los periodistas.

El vocero de gobierno, ministro Francisco Vidal, saludó la actitud del Colegio, aunque destacó que se hizo treinta y tres años después de ocurridos los crímenes en cuestión. El acto se efectuó este sábado en la sede del Círculo de Periodistas, en Santiago.

El caso de Rinconada de Maipú fue revelado públicamente por La Nación Domingo el 15 de junio de 2003, cuando el proceso judicial ya se encontraba en curso.

Los sancionados con suspensión temporal de la colegiatura y censura pública por el Tribunal de Ética metropolitano (ratificado por la instancia nacional) en el caso Rinconada de Maipú fueron: Claudio Sánchez (entonces en canal 13), Julio López Blanco, Roberto Araya (único expulsado del Colegio), Vicente Pérez Zurita y Manfredo Mayol, todos de canal 7 en 1975.

Por su culpabilidad en la difusión de falsas informaciones en la Operación Colombo fueron sentenciados con suspensión de colegiatura y censura pública a los ex directores de medios Fernando Díaz Palma (Las Últimas Noticias) y Alberto Guerrero Espinoza (La Tercera), y a la periodista de El Mercurio Beatriz Undurraga Gómez.

Fueron declarados inimputables por fallecimiento en este último caso los directores de El Mercurio, René Silva Espejo, y del vespertino La Segunda, Mario Carneyro. La solicitud de sanción de los familiares también se formuló en contra de la periodista de El Mercurio Mercedes Garrido, pero el tribunal no pudo probar su culpabilidad y la absolvió.

En la investigación Julio López admitió que al canal 7-TV llegaban agentes de la DINA a pautear a los editores y periodistas, y que entregaban incluso los libretos listos con las versiones que había que difundir. Además, conducían a los reporteros y camarógrafos a los lugares donde había que filmar supuestos enfrentamientos para ocultar crímenes, como lo sucedido en Rinconada de Maipú.