El fiscal pide 7 años por el atentado del Valle de los Caídos

En el juicio, que esta mañana ha quedado visto para sentencia en la Audiencia Nacional, Manuel Pérez Martínez, secretario general del Partido Comunista de España reconstituido (PCE-r), ha negado su pertenencia a la banda terrorista. Éste ha indicado que la Guardia Civil sólo tiene el fin de "implicar al partido en las actividades armadas de los GRAPO".

Pérez Martínez ha intentado explicar las raíces históricas de su partido y ha definido al PCE-r como una organización social, sin relación con la organización militar de los GRAPO.

Además de el "camarada Arenas", en el banquillo de los acusados se sentaban Mª Victoria Gómez Méndez y José Luis Elipe López, acusados de los delitos de inductores y cooperadores necesarios en el mismo hecho.

En el uso de su última palabra, Gómez Méndez, que ha sido la única de los acusados que ha reconocido su pertenencia a los GRAPO, ha exclamado dirigiéndose al tribunal: ¡"tengan la valentía de quitarse la careta"!, tras lo que el juez Gómez Bérmudez ha ordenado que fuera expulsada de la sala.

José Luis Elipe López, sin embargo, negó su pertenencia a la banda armada y su participación en el atentado, aunque ha reconocido que cuando se enteró de lo ocurrido se llevó "una alegría muy grande".

En sus conclusiones definitivas, el Ministerio Público acusa a Pérez Martínez de dar instrucciones para que colocaran la bomba que causó numerosos daños materiales. No obstante, según el fiscal Ignacio Gordillo, los tres procesados son inductores y colaboradores necesarios de un delito de daños terroristas por el que pide para cada uno de ellos una pena de prisión de siete años, además de que indemnicen al Estado en 724.501 euros por los desperfectos ocasionados por la explosión.