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Rspuesta contundente al Gobierno vasco

El Poder Judicial exige el “cese inmediato” de las campañas contra los jueces

La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha replicado contundentemente al Gobierno vasco exigiendo por unanimidad "el cese inmediato de cualesquiera campañas, manifestaciones o declaraciones que pretendan hostigar y deslegitimar a los jueces y magistrados que administran Justicia en la comunidad autónoma vasca, y con ello al Poder Judicial en su conjunto".

La Comisión Permanente del CGPJ está compuesta por cinco magistrados, tres del sector conservador –el presidente, Francisco José Hernando, el portavoz, Enrique López, y el vocal Carlos Ríos- y dos ‘progresistas’ –el vicepresidente, Fernando Salinas, y el vocal Juan Carlos Campos-.

Por unanimidad, sus cinco componentes han dado a conocer su declaración el día después de la manifestación de Bilbao en apoyo del lehendakari Ibarretxe y contra las decisiones de los jueces, que le han imputado por reunirse en la sede de la Presidencia del Ejecutivo de Vitoria con los miembros de Batasuna Arnaldo Otegi, Pernando Barrena y Juan José Petrikorena, dentro de la ronda de conversaciones con los partidos vascos iniciada por el lehendakari tras la declaración del alto el fuego de ETA.

En su declaración, el CGPJ asegura que "la manifestación celebrada en el día de ayer en la ciudad de Bilbao, tras el lema 'en defensa de nuestras instituciones', tenía como objeto obtener una determinada decisión jurisdiccional (el sobreseimiento de un procedimiento) a través de presión política y al margen de los cauces legales, como así quedó expresado en su comunicado final".

El CGPJ recuerda la "especial situación en la que ha sido ejercida la jurisdicción en el País vasco en estas últimas décadas", que define como de "acoso y de peligro físico real que incluso, en ocasiones, se ha materializado en atentados contra la vida de Jueces".

La Comisión Permanente pide también la "defensa de la independencia judicial", la cual "nos incumbe a todos, especialmente a las instituciones y Poderes Públicos". "La independencia judicial no es un privilegio de los Jueces sino que es una garantía ciudadana".

Paralelamente, el PP ha presentado una proposición no de ley en defensa de la independencia del Poder Judicial y en respuesta a la presión nacionalista contra los jueces.

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