“Bachelet está sentada sobre una bomba de tiempo”

La educación en Chile no estaba en la agenda de nadie hace dos años, cuando asumió el gobierno la Presidenta Michelle Bachelet. Hoy es un “tema país”, sobre el cual todos opinan y que cada semana altera la vida de millones de personas, en Santiago y en las principales ciudades de provincia, por las marchas, tomas de colegios y una fuerte represión policial.

Quienes provocaron ese viraje fueron los estudiantes de educación media que en el 2006 –apenas dos meses después de que Bachelet asumiera la Presidencia- desencadenaron una gigantesca oleada de protestas que paralizaron al país.

Los “pingüinos” pusieron  sobre la mesa la calidad de la educación y el lucro que obtienen determinados sectores que administran la mayoría de los colegios municipales.

Jaime Gajardo, un profesor de Matemáticas, miembro del Partido Comunista, fue elegido en noviembre del 2007 presidente del Colegio de Profesores, la entidad gremial que reúne a más de 25 mil maestros chilenos.

Ahora es la cabeza máxima de la serie de protestas callejeras contra la Ley General de Educación (LGE) que el gobierno envió al Parlamento y que según todos los indicios, será aprobada por el Senado antes de finales de este mes.

Los “pingüinos” carecen ahora de dirigentes. Cada establecimiento educacional tiene un “vocero”, y desde comienzos de junio, se han sucedido las ocupaciones y paralizaciones de colegios. Pero la dirigencia del movimiento de protesta se trasladó al magisterio, y por eso ha surgido la figura de Jaime Gajardo.

Sobre el jarro de agua que le lanzó a la ministra de Educación una alumna del Liceo Darío Salas, Gajardo fue categórico: “Comprendo el accionar de los menores debido al contexto en que se sucedieron las cosas y por el diálogo engañoso al que están invitando las autoridades”.

“La educación en Chile está en una crisis profunda”, agrega. “Todos están de acuerdo en que la actual política educativa no da para más y hay que cambiarla. Coinciden en ese diagnóstico el Gobierno, la derecha, la izquierda, todos”.

Según el dirigente gremial, la educación municipalizada implantada por Pinochet, ha fracasado rotundamente. “Un solo dato: el déficit alcanza a cien mil millones de pesos, los municipios están quebrados, las escuelas no se mantienen ni se renuevan”.

Mirando hacia atrás, Gajardo afirma que Pinochet instauró las llamadas siete modernizaciones, “a las que nosotros llamamos las siete plagas”. Una de ellas es la Ley Orgánica Constitucional de Educación (Loce), promulgada el 10 de marzo de 1990, 24 horas antes de que entregara el poder.

Ello se ha mantenido hasta hoy, y hoy el 53 por ciento de la educación es privada.

Tras la “revolución de los pingüinos” del 2006, se formó una comisión asesora presidencial amplia y plural, con participación de todos los sectores, entre ellos los profesores. Se redactó entonces un documento aprobado por amplia mayoría.

Según los profesores, el Gobierno de Bachelet, al momento de redactar la nueva ley que reemplazará a la Loce, buscó apoyos entre los parlamentarios de la derecha, y elaboró una nueva Ley General de Educación (LGE).

“La LGE es la regulación del mercado en la industria educativa”, afirma Jaime Gajardo. “Con ella se legitima lo que hay. No hay ningún cambio. La LGE es continuismo. Es aparecer como que cambia, para que nada cambie. Por ejemplo, no erradica el lucro, sino que lo legaliza".

“Si este proyecto se aprueba, Bachelet quedará sentada sobre una bomba de tiempo. La crisis de la educación es estructural y tarde o temprano va a estallar”.

Como profesor, Gajardo se toma tiempo para explicar la postura de su gremio. Y rechaza la afirmación del Gobierno de que la LGE es un paso hacia una reforma más profunda. “Falso. Falso de falsedad absoluta. La disyuntiva no es Loce o LGE. ¡Son lo mismo!”.

En este proyecto, que ya fue aprobado por la Cámara de Diputados y espera ser votado ahora en el Senado, “está plasmada la carta de navegación de la educación chilena, es el marco regulatorio sobre el cual la ministra de Educación nos invita a dialogar, pero dentro de esas normas que nosotros rechazamos”.

Para los maestros debe existir “un Estado que garantice el derecho a la educación, que tenga visiones claras, que sea laica, gratuita, universal, inclusiva, diversa y relacionada con los aspectos regionales. Queremos corporaciones públicas descentralizadas a nivel de cada región, donde las escuelas municipalizadas sean administradas por nuevos entes”.

“Para jugar ese rol, el Estado debe tener un área de su propiedad. En este caso, que las escuelas municipales pasen a depender del Estado, que además tenga una atención preferencial desde el punto de vista económico. No se puede tratar a todos por igual. Tres son los requisitos esenciales para elaborar un concepto de educación pública: misión, administración, financiamiento. Ninguno de estos aspectos está en la LGE”.

Gajardo explica que “le decimos al Gobierno que no nos pongamos a contar el número de diputados o senadores que tenemos. La Loce de Pinochet es un candado, y para romperlo hay que apostar a las mayorías”.

“Más allá del Parlamento se podría hacer una consulta nacional y rediseñar un nuevo proyecto con apoyo de la mayoría. ¡Tenga la seguridad que si la derecha ve eso, van a tener que aprobarlo en el Congreso!”.

Según todos los análisis, lo más probable es que el Senado apruebe la LGE. Reconoce Gajardo que “tenemos ocho votos duros, pero necesitamos trece”.

Las semanas que restan del mes de julio serán agitadas, porque la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), los estudiantes universitarios y secundarios, y además los profesores, intentarán nuevamente paralizar al país.

“Hemos conversado con muchos sectores sociales y proponemos convocar a un Congreso del cual saldrá un nuevo proyecto, pero con el respaldo de las mayorías”.

Gajardo concluye que “no está clavada la rueda de la fortuna para el Gobierno”.