El estado norteamericano de Texas que gobierna Rick Perry desestimó hoy una orden de la Corte Internacional de Justicia de y ejecutará a cinco mexicanos condenados a muerte.
La Casa Blanca prometió a través de su vocera Dana Perino evaluar la decisión, pero portavoces del ejecutivo estatal confirmaron que nada les haría cambiar de parecer.
El tribunal de la Organización de Naciones Unidas solicitó a Washington tomar las medidas necesarias para ganar tiempo y tramitar una petición del gobierno mexicano.
De lo contrario, el análisis de la interpelación de México carecería de sentido en la práctica, pues cualquier pronunciamiento llegaría después de consumadas las sentencias.
Sin embargo, la Corte Suprema de Estados Unidos determinó en marzo último que el presidente del país carece de autoridad para ordenar a las dependencias federales revisar sus penas de muerte.
La primera de esas condenas debe cumplirse el próximo 5 de agosto, cuando el estado ejecute a José Medellín acusado de violar y estrangular a dos jóvenes en 1993.
Sólo el gobernador Rick Perry tiene la potestad para detener la sentencia, pero éste no concedió ningún perdón en los ocho años de su mandato.
La administración de Perry ejecutó a unos 168 prisioneros, lo cual supera el récord de 152 impuesto por el anterior gobernador y actual mandatario, George W. Bush.
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