Cuando llegaron al poder los nuevos dueños del país lo hicieron sobre la promesa de que venían con una rigurosa ética política bajo el brazo.
Lo hicieron a caballo de un discurso no corrupto, no neoliberal, no corporativista, no mafioso, no irrespetuoso, no atropellador, no caudillista.
La flamante retórica presagiaba el fin del ejercicio del poder desde la vanidad, la intolerancia, la falta de espacios para ventilar las inquietudes nacionales de manera pública, la imposibilidad de deliberar y argumentar sin el temor de que del otro lado se reciban indiferencias, burlas, ofensas, agresiones, epítetos, amenazas.
Pero desde el 15 de enero de 2007 el país ha tenido que escuchar una interminable lista de calificativos y ridiculizaciones contra quienes, desde el más simple derecho de expresarse, han criticado, observado, confrontado o reflexionado sobre la gestión gubernamental.
No vengan ahora con la teoría de que los periodistas que denunciamos los gestos prepotentes “nos quedamos en las formas y no en la esencia”. No nos digan que hay que valorar los hechos y no los excesos verbales.
¿Cuáles hechos? ¿La imposición del Gobierno de un mandato agrícola que favorecerá a sectores poderosos de la agroindustria? ¿La incautación de los canales de los Isaías, acción legal que se convertirá en inmoral si se la usa con fines electorales? El colapso de la central San Francisco un año después de su inauguración? ¿La entrega a dedo del contrato para el proyecto Coca-Codo-Sinclair? ¿El personalismo en el manejo de las relaciones diplomáticas entre estados? ¿La reducción de utilidades del Banco del Pacífico desde que se sacó a los administradores españoles? ¿Las carreteras que un año después de la emergencia siguen destrozadas? ¿Las primeras piedras que aún esperan que lleguen las segundas? ¿La “renuncia” de Alberto Acosta a la presidencia de la Asamblea para que el círculo oscuro ordene, cambie, tache y haga aparecer articulados de la nueva constitución al gusto del “buró”? ¿La proclamación de que el canal y el periódico del estado son “públicos” y el nombramiento de presidente del directorio de esos medios al superpoderoso secretario de Carondelet?
Aunque estorbemos al poder y nos diga majaderos, de eso debemos hablar: la función del periodismo es ser herramienta pedagógica para construir una sociedad crítica.
En la democracia real, el andamiaje central debiera ser la incidencia de la sociedad civil sobre las decisiones que toman los mandatarios, debiera ser escuchar con respeto las inquietudes sociales de asambleístas, periodistas o ciudadanos comunes.
En la democracia real el poder no puede mandarnos a callar y ponernos epítetos bajo la sistemática estrategia de la descalificación que pretende diluir cualquier sombra o duda sobre la gestión gubernamental.
Gracias a su gesto de dignidad en El Aromo, gracias a que no se dejó cegar por los himnos de la demagogia, a Martha Roldós va dedicado el periodismo majadero.
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