Preocupación por el papel de los tribunales entre quienes defienden el diálogo con ETA

“El alto el fuego fue recibido con la decisión de Marlaska de enviar a Otegi a Soto del Real, y así es muy difícil sostener en el tiempo una calma social que permita tomar decisiones arriesgadas”, reconoce un dirigente nacionalista receloso ante la posibilidad de que la vía dialogada se vaya a retomar en breve. También la izquierda abertzale insiste en que se vulneraron los presuntos compromisos adoptados entre el Gobierno español y ETA, sobre todo aquellos que irían encaminados a frenar determinados procesos judiciales. Batasuna destaca que si Zapatero no controla la justicia, será difícil que pueda asumir decisiones de calado político en el futuro.

Estas opiniones también están extendidas en el socialismo vasco, todavía unido en torno a la apuesta de Zapatero. Esta misma semana el alcalde de San Sebastián, Odón Elorza, declaraba que en determinados momentos previos al atentado de Barajas “faltó audacia”. No obstante, se ponen en el otro lado de la balanza algunas sentencias y autos que sí han facilitado las cosas, como el caso del Tribunal Supremo allanando el camino del Gobierno español para el diálogo con Batasuna, el auto de Garzón negando que toda la izquierda abertzale pueda equipararse a ETA, la cierta permisividad con Batasuna en su actividad pública o incluso el papel de la Fiscalía en procesos como el del clausurado diario Egunkaria. “Es la prueba de la independencia judicial”, insiste el PSE.

En todo caso, la mayoría de interlocutores políticos vascos consideran que el actual reparto de mayorías en el poder judicial es el mejor aliado del Partido Popular para evitar que se reconduzca el proceso y, por ello, censuran que no se hubieran dado pasos antes en materias como la Ley de Partidos.