Menos inversión y trabajo

La inversión es fundamental para generar producción y trabajo y para que se produzcan se debe contar con seguridades mínimas que permitan trabajar en un mediano y largo plazo.  

Sin embargo, en el nuevo Proyecto Constitucional existen varios aspectos que se contradicen abiertamente con esta idea fundamental.  En lo que se refiere a la inversión en sectores estratégicos, extracción de minerales y petróleo Art. 57 numeral 7, se plantea que es necesaria la “consulta previa” a  los pobladores de los territorios intangibles en donde se realizarían estas actividades extractivas si están de acuerdo o no con dichas inversiones.  Una vez más el problema radica en la subjetividad de las opiniones políticas de dichas poblaciones y nuevamente la corrupción que generará dichas aprobaciones.

Por otra parte, en el tema de la atracción de inversión extranjera, se cierra la posibilidad de acudir a arbitrajes internacionalmente reconocidos porque se obliga a desvincular al Ecuador de todos los acuerdos y convenios internacionales de control y arbitraje sobre controversias contractuales o comerciales, Art. 85.

El Poder Ejecutivo aparece como el gran concentrador de poder como administrador de los bienes y empresas del Estado, agente regulador de precios e interventor activo en los procesos de inversión y endeudamiento público. 

Por esto es fundamental que cada uno de los ecuatorianos se informe, porque difícilmente la propuesta constitucional es el cambio que tanto y tantos hemos  reclamado en los últimos años.  Es imprescindible que tomemos una ruta seria de crecimiento, de apertura comercial, de seguridades de inversión, de instituciones democráticas fuertes, de un Estado no obeso ni administrador pero si técnico y de control que garantice que la riqueza, la inversión, el trabajo y el progreso sean para beneficio de los ecuatorianos y no para los burócratas amigos del Presidente de turno.

Director del Centro de Estudios y Análisis de la Cámara de Comercio de Quito