Para el representante de la AUGC en Málaga

Igualmente se le notifica que el director general de la Policía Nacional y la Guardia Civil, Joan Mesquida, ha acordado, mientras se instruye el expediente, la suspensión de funciones por un periodo de tres meses, pasados los cuales el agente deberá incorporarse a su puesto salvo que se decida prorrogar su situación.

Según ha manifestado el propio Antonio Gaspar, el primer guardia civil con destino en Málaga al que se abre expediente, se le imputa una supuesta infracción al artículo 9.9 de la Ley Disciplinaria de la Guardia Civil, bajo la acusación de "realizar actos gravemente contrarios a la disciplina que no constituyan delito".

Gaspar agregó que la ley prevé para esta infracción sanciones que pueden ir desde la inmovilización de puestos en el escalafón hasta la expulsión del Cuerpo, pasando por la suspensión de empleo y sueldo por periodos que pueden oscilar de un mes a un año, aunque ha agregado que "la incoación de expediente gubernativo no supone una sanción y, por tanto, la presunción de inocencia es algo a lo que todo ciudadano tiene derecho hasta que se demuestre lo contrario;  también los guardias civiles".

Para el representante malagueño de la AUGC, él no es sino una cabeza de turco buscada, porque en su opinión el expediente "va dirigido contra la Asociación Unificada de Guardias Civiles y, en general, contra la libertad de asociación y contra el movimiento asociativo de la Guardia Civil", que representa "a miles de agentes y como no pueden expedientar a todos, se ceban en nosotros".

Antonio Gaspar, que durante veinte años en la Guardia Civil no ha tenido que ser nunca sancionado ni siquiera por falta leve y que está en posesión de la Medalla al Mérito de la Guardia Civil con distintivo blanco y de la Medalla a la Constancia, ha enviado un mensaje de "tranquilidad" y "firmeza" para el resto de guardias civiles, a los que ha pedido que "sigan trabajando con normalidad, que es la forma adecuada de pedir derechos ante la sociedad".