37 horas y media

Pedro Sánchez y Yolanda Díaz han firmado el acuerdo de investidura del primero y la medida estrella no ha sido la amnistía ni otras propuestas favorables a los intereses de los separatistas catalanes, sino la reducción de la jornada laboral a 37 horas y media. Se trata, claro está, de quitarle carácter emotivo al acuerdo y poner el énfasis, en cambio, en el presunto carácter progresista y social de lo firmado. Se trata, repito, de quitar el foco sobre las concesiones independentistas y mostrar y demostrar que el acuerdo es mucho más y que con él tendremos avances y progreso en vez de la gazmoñería de la derecha. Lo de la amnistía y demás se da como algo añadido y no medular a un Gobierno progresista.

Está por ver, sin embargo, que la reducción de jornada con el mismo salario sea un avance social. Francia, por ejemplo, que mantiene las 35 horas de jornada máxima desde hace veinte años con Lionel Jospin no es precisamente un dechado de productividad empresarial, sino de obsolescencia productiva. Así que bien está una medida semejante desde el punto de vista demagógico y aventurero, pero difícilmente es encajable con la realidad.

El problema de España no es que se trabaje demasiado en comparación con otros países, sino que tenemos el paro más alto de los países de la Unión Europea. La labor de un buen Gobierno, por consiguiente, es aumentar la tasa de empleo y hacer que éste sea compatible con las necesidades empresariales, porque a la hora de la verdad no hay manera de cubrir muchos puestos que las compañías demandan. El ejemplo lo tenemos en la formación profesional, donde sólo el 18 por ciento de los muchachos que acaban el primer ciclo concluyen el segundo. Y donde vivir del subsidio es más cómodo que tener que trabajar.

Así, pues, la primera medida estrella del acuerdo de investidura es un bluf para enmascarar la realidad y silenciar de momento los acuerdos que están bajo la mesa y que suponen la piedra angular de las concesiones de los socialistas y la ruptura por la brava de nuestro orden constitucional.