La polarización política fragmenta el orden constitucional

Resulta indudable que constituye una irregularidad que un poder público, el judicial, intervenga directamente en el funcionamiento de otro poder del Estado, en especial el poder legislativo, que, por lo demás, se considera el primer poder del sistema político. Paralizar la tramitación en el parlamento de una ley desde el Tribunal Constitucional, aceptando una demanda de amparo que solicitaba una medida cautelarísima, establece un precedente indeseable. No importa que esta posibilidad esté prevista en la Ley del Tribunal Constitucional. Puede ser legal, pero sigue siendo una medida de excepción que resulta indeseable.

Desde luego, el origen del conflicto refiere al hecho de que la mayoría parlamentaria actual estaba utilizando una vía inconstitucional para reformar una ley: la utilización de una ley distinta (la reforma del Código penal) para cambiar la normativa del Tribunal Constitucional y, en general, del Poder Judicial. Algo que además vulneraba el espíritu constitucional de regular siempre por consenso todo lo que atañe a las normas que rigen el poder judicial, estableciendo para ello mayorías cualificadas, que obligan al pacto de los principales partidos al respecto. En pocas palabras, las críticas de los partidos de la oposición al intento del gobierno de Sánchez de eliminar el mandato constitucional de regular el poder judicial por consenso, tienen bases sólidas. Y así lo ha dejado saber la Unión Europea en varias ocasiones.

La cuestión entonces consiste en valorar si, ante esas observaciones fundadas, era prudente alzar la respuesta hasta niveles extremos, solicitando una medida de excepción, que impulsa un choque de trenes entre poderes del Estado. La opción alternativa, menos arriesgada, consistía en esperar la tramitación de la ley y su emisión, para luego solicitar su revisión por el Tribunal Constitucional.

Pero eso sería pedir peras al olmo. Ni el Gobierno ni la oposición están por plantear opciones desde una prudente lógica de Estado. El Gobierno porque depende para su mantenimiento de una alianza con fuerzas políticas que cuestionan la Constitución. Ya lo anticipó Sánchez con sus referencias al insomnio político: esas alianzas tendrían riesgos inasumibles para el sistema político (que hoy se están manifestando). Pero el principal partido de la oposición también tiene un motivo non sancto: considera que la defenestración de Rajoy fue un acto de filibusterismo político y no acepta la naturaleza de la actual mayoría parlamentaria.

Este cuadro responde a un problema mas de fondo, de carácter sociopolítico. Dicho en breve: sería un milagro que una arena política tan polarizada no acabara teniendo repercusiones en la vida institucional del país. Aunque el orden constitucional, una vez establecido, tiene su propia autonomía respecto a la vida y la cultura política de un país, no puede concebirse al margen de éstas por completo. Toda Constitución tiene como base, tanto explicita como tácitamente, un acuerdo sociopolítico de nación. Si ese consenso, que en España permitió una transición a la democracia, se rompe por completo y se sustituye por una polarización rampante, el orden constitucional acaba deteriorándose. El choque de trenes entre poderes públicos al que hoy asistimos es, en el fondo, el resultado de un regreso a la vieja cultura política de banderías, tan frecuente en la historia del país.