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Cataluña: nuevo plazo

La reacción de los poderes del Estado -legislativo, ejecutivo y judicial- ante la operación contra la integridad nacional ensayada traicioneramente desde las instituciones de autogobierno de Cataluña ha sido el eje de la política española del pasado año. Entramos en un nuevo año tras un punto de inflexión originado por la aplicación del Artículo 155 de la Constitución, autorizado por el Senado a propuesta del Gobierno y después de las iniciativas del poder judicial poniendo en marcha acciones cautelares contra componentes de la Asamblea Parlamentaria y de la Presidencia y Gobierno de la Generalitat de Cataluña.

De nada sirve lamentarse ahora de lo que pudo haber sido y no fue. Es preferible pasar página y plantearse el porvenir que nos depara el curso de los acontecimientos que van a condicionar el desenlace de cuestiones sin rematar que van a protagonizar la política interior en 2018. Pero es inevitable, para corregir los defectos de origen que pesan sobre ese porvenir inmediato, un mínimo de análisis autocrítico, no para recrearse en el mismo ni atacar al Gobierno, sino para evitar recaer en los errores informativos y operativos del pasado.

El defecto básico que debilitó el efecto buscado con la aplicación del Artículo 155 fue el error de establecer un brevísimo plazo para una convocatoria electoral sin tener en cuenta el tiempo que necesitaban los procesos judiciales en marcha para sentenciar sobre la culpabilidad, inhabilitación o absolución de los políticos encausados. Esta falta de coordinación o de respeto del poder ejecutivo hacia el poder judicial provoca los problemas que vamos a contemplar en la constitución de un Parlamento o un Gobierno Autonómico con candidatos electos, con todos sus derechos activos, pero en situaciones de prisión cautelar, fuga fuera del territorio nacional o libertad condicional bajo fianza.

Estas situaciones crean dudas sobre la idoneidad de posibles candidatos que, sin llegar al delirio de Puigdemont de seguir considerándose legítimo presidente de una hipotética República Independiente de Cataluña, complican sicológicamente la conveniencia de cambio y renovación, tan necesarios, y la posibilidad de romper con el estanque sentimental de apoyar, sin sentido de lo más conveniente, a aquellos que sufren las consecuencias de sus conductas contra la legalidad constitucional. El apoyo a los políticos fracasados del “proces” es como una expresión de condolencia y deseo de liberación antes que una selección de personas capaces de emprender la renovación y reconciliación que se siente en todos los niveles sociales de Cataluña.

Estas personas sin sentencia firme pero en situaciones condicionantes suscitan una serie de problemas reglamentarios que, por el momento, ya están operando en ese primer paso, que debiera ser de normalización, como es la elección de la Presidencia y Mesa de un órgano parlamentario plurilateral. Hubiese sido más lógico establecer el plazo de vigencia del Artículo 155 a la espera de las resoluciones judiciales que confirmasen o absolviesen las graves responsabilidades de malversación, prevaricación y rebeldía que afectan a personas que, en estos momentos, se barajan como electores y presuntos aspirantes a ser elegidos para posiciones dirigentes en los órganos de autogobierno de Cataluña. Como las cosas no se han hecho así, ahora estamos a la expectativa de una serie de opciones parlamentarias y resoluciones judiciales que en su caso pueden enmendar o corregir las consecuencias de un apuradísimo plazo que obligó a los catalanes a votar en vísperas de Navidad con unas expectativas abiertas que han dado lugar a pretensiones tan absurdas como que se hayan pedido indultos para personas que aún no han sido condenadas.

En esta tesitura, tras el intolerable clima de ilegalidad anticonstitucional que soportamos todos los españoles en 2017, cabe preguntarse qué debe hacerse para que 2018 se desarrolle en un clima de esperanza y estabilidad. Sabemos que no es posible una vuelta atrás sino que hay que corregir sobre la marcha los síntomas de debilidad y cobardía que permitieron tantas agresiones e injurias a la soberanía del pueblo español y, especialmente, a la tranquilidad y prosperidad de los habitantes de Cataluña. El año comienza de forma diferente a como empezó. No solo hablan las banderas desde los balcones sino que meditan los futuros votantes, más allá de la estricta actualidad, sobre su futura elección de respuesta al desafío a su patrimonio nacional.

¿Dónde está la próxima ocasión de corregir los breves y erróneos plazos del año pasado?. 2018 no puede prolongar tiempos muertos ni plazos erróneos. No se puede, desde ahora, dar por válida ni la constitución del nuevo Parlamento de Cataluña, ni la toma de posesión de ningún cargo de Gobierno que no preste correctamente el juramento o promesa a la Constitución y al Estatuto de Autonomía vigentes, sin eufemismos ni condicionantes. No se puede admitir ninguna presentación de programa de Gobierno que desborde las competencias atribuidas legalmente por la Constitución y el Estatuto a la Generalitat salvo como propuestas de reforma de dicha Constitución o dicho Estatuto. Y de acuerdo con las normas vigentes para encauzar dichas reformas. El Artículo 155 debe mantener su potencial vigencia cuanto sea necesario hasta que la configuración de los órganos legislativo y ejecutivo de la Generalitat se hayan constituido estrictamente dentro de la legalidad. No puede darse nominación oficial ni diálogo alguno a instituciones que no partan de un riguroso reconocimiento del su marco competencial. A partir de este punto de inflexión se pueden albergar dudas íntimamente o pueden surgir sucesos inopinados que habrá que afrontar. Pero ni un solo episodio debe producirse nunca por la tolerancia inicial de la ambigüedad, la equidistancia o la unilateralidad. Un nuevo “proces” no debe ser un programa aceptable en el nuevo escenario institucional que traerá 2018.

Entre la plural composición de Cataluña y su relación con las instituciones estatales ya no hay plazos para diálogos engañosos o tiempos muertos. No se podrá olvidar lo ocurrido en meses pasados y admitir nuevas duplicidades en el ejercicio del autogobierno catalán ni nuevas vacilaciones en la estrategia del Gobierno del Estado. 2018 nos presenta la necesidad de una relación sin equívocos entre los titulares del autogobierno de Cataluña y los titulares del Gobierno de España. La actuación ante los próximos pasos constituyentes de una nueva etapa en la política de Cataluña será la prueba de la capacidad del Gobierno de todos los españoles que, mirando a Cataluña, van a juzgar la capacidad de sus gobernantes de ejercer las facultades que le han sido conferidas para velar por los intereses comunes de todos los españoles.

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